El exalcalde de Cochabamba solicita junto a dos personas más resarcir daños económicos por el puente caído

Este miércoles 30 de marzo se instaló el juicio oral en torno al caso del que se le imputa respecto al puente caído construido en la gestión de Edwin Castellanos, donde fungía como alcalde de la ciudad de Cochabamba (del 2010 al 2015) con el partido del MAS. Dicho inicio del juicio fue suspendido ante el planteamiento de tres de siete implicados que contempla el proceso.

Ahora, la Jueza de Sentencia Número 3 ha reestablecido la fecha para el inicio hasta el 5 de agosto de este año, inicio a un juicio que se llevará a cabo después de que a pasaron más de seis años del colapso del desnivel que se ubicaba al sur de la ciudad.

La audiencia de juicio oral contra los siete acusados que son: el exalcalde Castellanos, el exoficial Administrativo de la Alcaldía Oswaldo D., el supervisor de la obra Nelson V., el exoficial mayor de Infraestructura Sergio R. y el fiscal de obra Óscar C., conlleva el proceso por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, incumplimiento de contrato y conducta antieconómica.

El proceso contra el exalcalde y otras autoridades, técnicos y responsables de la constructora que estuvo a cargo del desnivel, refiere a su colapso, ya que la obra fue inaugurada en 19 de diciembre del año 2014 y el 22 de octubre del 2015 este colapsó.

El proyecto fue adjudicado a la empresa Álvarez por un contrato de excepción y la demanda monetaria para la inversión fue de 11.7 millones de bolivianos, para una infraestructura que se deplomó tan sólo diez meses después de su inauguración. 

Al día de ayer, tres de los siete implicados decidieron someterse al programa de justicia restaurativa, lo que indicaría su interés por "resarcir el daño" que se ha causado. Los interesados en optar por este camino son el exalcalde Castellanos, un responsable de la empresa constructora y el supervisor de la obra.

Los tres imputados que decidieron optar por este resarcimiento de los daños, presentaron en memoriales ante el viceministro de Justicia y Transparencia Institucional la solicitud para poder someterse al programa de justicia restaurativa, en el marco de la ley 1395 y su protocolo. 

Este procedimiento implicaría que las personas solicitantes, decidieron resarcir el daño económico que se habría ocasionado en el caso "de manera voluntaria", así se declara en la información otorgada por el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ).

La instancia encargada de determinar la viabilidad de esta solicitud es el Viceministerio, esto de acuerdo a la normativa.

“En caso de no ser viable la aplicación de la justicia restaurativa, el proceso podrá continuar”, aclara el Tribunal de Justicia.