El embarazo de menores abusadas reabre el debate sobre el aborto en Bolivia

Los recurrentes casos de menores que resultan embarazadas producto de una violación y el calvario que deben atravesar por ello en Bolivia urgen a reponer en la mesa de debate la necesidad de tener una norma específica para la interrupción legal del embarazo.

El Código Penal boliviano sanciona con cárcel a las mujeres que abortan y a quienes los practican, salvo en casos de violación sexual, o si corre peligro la vida de la madre, aunque en esas situaciones se requería una orden judicial que autorice la interrupción del embarazo.

En 2014, una sentencia del Tribunal Constitucional boliviano estableció que las víctimas de violación no requieren autorización judicial para interrumpir la gestación, mientras que en los casos en los que la vida de la madre corre peligro, basta con el informe médico para proceder.

Aunque ya no se requiere la aprobación judicial, "existen todavía muchísimas limitaciones" para que las víctimas de violación puedan interrumpir la gestación de manera legal y segura, comentó a Efe la directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez.

Entre ellas está la "objeción de conciencia a la que muchos médicos o administradores de los servicios de salud apelan", indicó.

"El estigma que tiene todavía la interrupción de un embarazo es muy fuerte en el país", sostuvo Sánchez y recordó los casos "lacerantes" conocidos en el último año de niñas víctimas de violación que debieron "llegar a término" porque sus padres o tutores así lo decidieron.

En algunos casos se vio la acción de "grupos conservadores" o agrupaciones religiosas que influyeron de alguna forma "en la vida de las víctimas y en la opinión pública", manifestó.

Uno de los sucesos que más trascendió fue el de una niña de 11 años, víctima de constantes violaciones por parte de su abuelastro, quien fue sometida a una interrupción de la gestación.

Este caso generó polémica cuando grupos religiosos contactaron a la madre de la menor, la convencieron de que continuara la gestación y llevaron a la niña a un centro de acogida para ello, pero finalmente las autoridades y la Defensoría del Pueblo intervinieron y el embarazo fue interrumpido.

También se ve la necesidad de fortalecer los servicios sanitarios para que la atención a las víctimas sea inmediata y entender que el acceso a la salud incluye tener un bienestar social, físico y emocional.