Fiscalía emite una acusación formal contra Arturo Murillo por el caso gases lacrimógenos

Este viernes se conoció que la Fiscalía emitió una acusación formal contra el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, por el caso gases lacrimógenos. En ese caso, Murillo es acusado del delito de legitimación de ganancias ilícitas por la compra con sobreprecio de los gases en 2019.

De acuerdo con la fiscal, Pamela Portocarrero, se emitió una acusación formal en contra de Arturo Murillo y otras seis personas, con quienes habría cometido el delito de legitimación de ganancias ilícitas.

Las investigaciones y las pruebas colectadas en el proceso del Ministerio Público, el exministro de Gobierno cometió el delito al comprar gases lacrimógenos con un alto sobreprecio durante el gobierno de la expresidenta, Jeanine Añez.

En ese sentido, desde la Fiscalía piden que Arturo Murillo sea sentenciado a 10 años de cárcel. Además de esta exautoridad, el exministro de Defensa, Luis Fernando López, también estaría involucrado, sin embargo, la acusación fue rechazada porque no pudo ser notificado.

De acuerdo con las investigaciones, el costo de la compra de los materiales antidisturbios en 2019 ascendía a 5,7 millones de dólares de los cuales 3,3 millones fueron pagados a la empresa Cóndor y 2,3 millones a la intermediaria Bravo Tactil Solutions.

Cabe señalar que actualmente el exministro cumple una condena en Estados Unidos. Murillo, pues recibió una pena de 70 meses, es decir cinco años y 10 meses, después de declararse culpable por los delitos de conspiración para lavado de dinero y soborno.

Esta sentencia tiene carácter inapelable, por lo que esto habilita a Bolivia a que avance el proceso de extradición del exministro de Gobierno, además no se descarta que Murillo sea deportado después de cumplir con su pena.

En el mismo proceso, también fueron condenados, Bryan Berkman, Luis Berckman, Philip Lichtenfeld y Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, quienes según las autoridades estadounidenses habrían pagado 602 mil dólares en sobornos en beneficio de Murillo a cambio de asegurar un contrato de 5,6 millones de dólares para la entrega de gases lacrimógenos y otros equipos no letales.