El exministro Medinaceli será trasladado a la Cárcel de San Pedro tras su imputación. Foto: Twitter Captura videos.
El exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, fue imputado este miércoles por la Fiscalía que pidió cárcel por su presunta participación en el escándalo de la gasolina contaminada.
El fiscal a cargo del caso, resolvió “imputar formalmente a Sergio Mauricio Medinaceli Monroy” por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
En ese sentido, la Fiscalía argumenta que existen “suficientes indicios” de su participación, junto con riesgos procesales que justifican la prisión preventiva.
Antecedentes del caso
Una comisión especial de la Cámara de Diputados investigó el caso y apuntó a Medinaceli, junto a otras autoridades de los gobiernos de Luis Arce y Rodrigo Paz. El informe legislativo destacó que, durante su gestión, las observaciones de calidad resaltaban. Pero fueron omitidas en su momento.
En concreto, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) había precintado cinco tanques por sospechas de gasolina desestabilizada. Sin embargo, mediante la Resolución Ministerial N.º 041-2026 de fecha 03 de marzo de 2026, el Ministerio de Hidrocarburos otorgó una “autorización excepcional” para desprecintar esos tanques y distribuir el combustible, supuestamente sin los controles de calidad correspondientes.
Medinaceli, economista de 54 años, ejerció el cargo solo durante unos meses en el gobierno de Paz. Fue cesado en abril de 2026 en medio de protestas y una huelga de transportistas en La Paz y El Alto. Anteriormente, como ministro, había atribuido el problema a un supuesto “boicot interno” heredado de la gestión de Arce, señalando a exejecutivos de YPFB que, según él, conocían las fallas desde septiembre de 2025, pero no alertaron oportunamente.
Alcances del daño
El impacto ha sido masivo. Según datos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) citados por múltiples fuentes, hasta junio se registraron más de 70.000 vehículos afectados, aunque algunas estimaciones hablan de alrededor de 66.000 averías confirmadas.
Los problemas reportados incluyen fallos recurrentes de encendido, pérdida de potencia, daños en piezas que obligan a reemplazos costosos y, en casos graves, averías irreversibles en los motores. YPFB activó un plan de resarcimiento con un seguro; hasta ese momento, decenas de miles de propietarios ya habían recibido compensaciones económicas, con pagos que superaban los 20 millones de bolivianos en total.
El Gobierno suspendió contratos con proveedores internacionales como Vitol y Trafigura por problemas de calidad. Investigaciones apuntan a una flexibilización de controles, sustitución de exámenes de laboratorio por resoluciones escritas, que impidió detectar excesos de goma y manganeso en el combustible. La Fiscalía continúa las investigaciones sobre la responsabilidad del resto de los personajes políticos.
