Gobierno ratifica que Evo Morales debe ser procesado por delitos electorales

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, ratificó el miércoles que el expresidente Evo Morales debe ser procesado por delitos electorales, cometidos en los comicios del 20 de octubre del pasado año, cuando se verificó un fraude que obligó a la anulación de esas elecciones.

"Corresponde que se siga un proceso judicial porque en Bolivia hemos vivido un fraude electoral que ha ocasionado muchos problemas y enfrentamiento ente bolivianos", dijo en conferencia de prensa.

Núñez explicó que el fraude electoral "montado" por el Movimiento Al socialismo (MAS) se inició el 21 de febrero de 2016 cuando se sobrepasó la decisión del pueblo que en referendo convocado por el exmandatario Evo Morales rechazó su reelección.

Indicó que a consecuencia de las acciones del Gobierno del MAS se produjo una situación que afectó a la justicia y el desempeño del aparato público, situación en la que el Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez trabaja para reparar los daños.

"El Gobierno está trabajando en la pacificación, gestión y realizar unas elecciones trasparentes porque no se puede paralizar el aparato del Estado", señaló.

Por su parte, el expresidente de Comité Cívico Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, luego de reunirse con Núñez, afirmó que Morales debe ser sancionado en el marco de la independencia del Órgano Judicial.

Aclaró que los pedidos de procesar a Morales y evitar su participación en los próximos comicios electorales, tal como planteó el ente cívico cruceño, son actos enmarcados en "la buena fe de la democracia" que busca "evitar" a una persona que hizo daño al país.

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El reclamo ante la fiscalía

El memorial que se presentó en Sucre, capital de Bolivia y sede de la Fiscalía General del Estado, sugiere incluir en la investigación por supuesto fraude electoral al expresidente Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera y los exministros Juan Ramón Quintana, Héctor Arce y Carlos Romero.

Quintana y Arce fueron acogidos en la residencia de la Embajada de México en La Paz, a la espera de un salvoconducto que el Gobierno de transición de Jeanine Áñez no les ha otorgado todavía para poder salir del país.

Mientras que Romero ha sido encarcelado preventivamente en una penitenciaría de La Paz, en un proceso por supuesta corrupción.

Alarcón señaló que la causa que el fiscal general, Juan Lanchipa, abrió el 10 de noviembre pasado solo incluyó a los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y "es completamente insuficiente, parcial e incompleta".

Esa acción fue posterior a un informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA) que identificó irregularidades en la elección y que se conoció en la madrugada de esa jornada.

La Justicia boliviana encarceló preventivamente a los siete exvocales electorales, aunque después uno de ellos se le otorgó la detención domiciliaria.

Morales busca ser candidato

El Gobierno transitorio de Bolivia promulgó en noviembre una ley que anuló los comicios de 2019 y que fijó las bases de un nuevo proceso electoral previsto para el próximo 3 de mayo.

Esa acción contó con el respaldo de los legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales, que son la mayoría en el Parlamento del país.

El expresidente encabeza la lista del MAS al Senado por la región boliviana de Cochabamba para los comicios de mayo, aunque su candidaturas aún está pendiente de habilitación por parte del órgano electoral.