Por: Willmary Montilla, con información de EFE • Bolivia.com

Human Rights Watch se cuestiona por qué Arce no promueve reforma judicial en Bolivia

El último informe de Human Rights Watch se cuestiona el por qué el Gobierno de Bolivia no impulsa una reforma judicial. 

La organización internacional reveló la falta de interés en buscar mejoras en el sistema judicial. Foto: EFE
La organización internacional reveló la falta de interés en buscar mejoras en el sistema judicial. Foto: EFE

El último informe de Human Rights Watch se cuestiona el por qué el Gobierno de Bolivia no impulsa una reforma judicial. 

Este jueves 12 de enero se publicó el último informe de Human Rights Watch (HRW) y en el texto se cuestionan el por qué el Gobierno del presidente Luis Arce no promueve una reforma judicial en Bolivia. 

"Tras ganar las elecciones presidenciales en octubre de 2020, el presidente Arce señaló que el sistema de justicia debía ser independiente de la política, pero su Gobierno ha fracasado en adoptar medidas concretas para reformarlo", detalla el texto.

Asi mismo, resaltaron que los funcionarios publicos carecen de estabilidad en sus cargos y que cuando son aprehendidos se convierten en blancos vulnerables antes las posibles represalías del Gobierno. 

La organización internacional defensora de los DD.HH recordó el informe del relator especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, donde se cuestionaban "la injerencia externa en el sistema judicial de Bolivia es un problema persistente y de larga data". 

En el texto resalta que hasta febrero del año pasado, el 50 y 70 por ciento de los fiscales y jueces, permanecen en estado transitorio. "Están expuestos al despido arbitrario, si toman decisiones que no agradan a quienes están en el poder", dice el documento. 

El informe recordó que el Grupo de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó 37 decesos en el contexto de las protestas sociales del 2019. 

"Nadie ha sido juzgado por los 37 asesinatos ocurridos en el contexto de las protestas por las elecciones de 2019, incluidas 20 personas que murieron en dos masacres cuando, según lo señalaron testigos, fuerzas de seguridad abrieron fuego contra manifestantes", reza el documento.

También resaltaron que la situación carcelaria en Bolivia "alberga dos veces y media más detenidos de lo que permite la capacidad del recinto y que además, la población privada de libertad creció en 12 % con respecto a las cifras entre noviembre 2021 y marzo 2022". 

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