La apelación del expresidente, Luis Arce, fue negada por la justicia. Foto: Twitter Captura video.
El expresidente de Bolivia, Luis Arce, pasará el Año Nuevo en el penal de San Pedro tras la ratificación de la detención preventiva por parte de la Justicia. La apelación de su equipo legal no fue admitida por las autoridades.
"Se resolvió el anterior viernes el recurso de apelación ante la audiencia de medidas cautelares, en la cual la Sala Penal Cuarta determinó mantener todos los riesgos procesales y mantener la detención preventiva por el lapso de cinco meses en el penal de San Pedro", preció Miguel Cardozo, fiscal anticorrupción en una declaración que recoge Visión 360.
En ese sentido, la defensa legal de Arce habría presentado un recurso de apelación esperando que el expresidente pudiera defenderse del proceso de corrupción en su contra en libertad, a través de un juicio de responsabilidades, pero esta solicitud fue rechazada.
"El señor Arce presentó una acción de competencia, señalando que debería ser juzgado bajo la Ley 2445, que establecía que los ministros deben ser procesados por la Asamblea Legislativa; sin embargo; el juez evidenció que la denuncia es actual y que debe ser investigado por la vía ordinaria", explicó Cardozo.
Al expresidente, Luis Arce, se le imputan delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica tras presuntamente haber autorizado y consentido desembolsos del Fondo de Desarrollo Indígena Ordinario (Fondioc) a cuentas particulares de dirigentes sociales, sin fiscalización, cuando aún era ministro de Economía.
Muchos proyectos financiados resultaron inconclusos, parciales o "fantasma", con daño económico estimado en cientos de millones de bolivianos, las cifras varían entre 360 y 925 millones. Más de 3.500 proyectos financiados, menos de la mitad concluidos.
Arce alega persecución política y prepara la excepción de incompetencia alegando que tiene que se procesado por un juicio de responsabilidades. “Yo soy absolutamente inocente en las acusaciones que alegremente se están vertiendo por aspectos claramente políticos”, apuntó el expresidente en un breve contacto con los medios nacionales tras su aprehensión.
El caso del Fondo Indígena ha sido uno de los más polémicos por corrupción en Bolivia, su objetivo inicial era financiar proyectos sociales y productivos en comunidades campesinas con el 5% del Impuesto Directo de los Hidrocarburos. El fondo manejó Bs. 3.197 millones, el equivalente a unos 460 millones de dólares entre 2006-2014. La Fiscalía reactivó el caso tras el cambio de Gobierno e investiga desvíos masivos sin supervisión.
