La Justicia mantiene la detención preventiva del gobernador Camacho por el caso decretazo

Este lunes, luego de una audiencia de apelación cautelar, se conoció que la Sala Penal Segunda determinó mantener la detención preventiva de 60 días para el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el caso decretazo.

De acuerdo con el reporte de El Deber, el abogado defensor de la autoridad, Martín Camacho, informó que Luis Fernando Camacho cumplió en el mes de julio con la detención preventiva, por lo que ante del Tribunal de Sentencia se solicitará una audiencia de cesación, con la finalidad de que la autoridad departamental se defienda en libertad.

Cabe recordar que, en el mes de marzo, se supo que la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, oficializó la imputación en contra de Luis Fernando Camacho, por el caso denominado “decretazo”, en el cual se indaga la subida y bajada del Decreto Departamental 373, de la Gaceta Oficial.

El caso que data de marzo de 2022 toma en cuenta el momento en que Camacho, para su viaje al Brasil para participar de la 12va Reunión Anual del Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre el Clima (GCF Task Force), no delegó funciones al vicegobernador, Mario Aguilera, pero sí asignó la responsabilidad al secretario de Gestión Institucional de la Gobernación, Miguel Ángel Navarro, mediante el Decreto Departamental 373.

El decreto permitía que Navarro asuma como gobernador cuando el que debía ejercer ese cargo era Mario Aguilera, según dicta la sucesión. Sin embargo, tras recibir críticas y anuncios de demandas, Camacho abrogó el decreto y aseguró que se designó a Navarro como suplente, pues Aguilera debía cumplir una agenda en provincias durante la semana.

Pero la polémica no terminó, pues el asambleísta del Movimiento al Socialismo (MAS), Clemente Ramos, presentó una denuncia contra el gobernador cruceño por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, por la emisión del Decreto Departamental 373.

Es así como, en octubre de esta gestión, dentro de la acusación se pidió que Camacho cumpla con la pena máxima de este delito que es sancionado, según el Código Penal, con hasta seis años de privación de libertad.

Camacho no solo es imputado en el marco de este caso, también cuenta con acusaciones dentro del caso Golpe de Estado I, por lo que permanece en el penal de Chonchocoro. Además, también es acusado por el caso Carro Bombero.