Militares y aduaneros fueron obligados, por comunarios, a firmar un acuerdo para no incautar autos "chutos"

En un video difundido por el periodista John Arandia, se puede ver como un grupo de militares de la Aduana Nacional firman un acta de compromiso para que las autoridades no puedan decomisar los autos indocumentados o también denominados “chutos” de los pobladores.

En ese sentido la Aduana Confirmó la veracidad del clip, sin embrago, se develó que los funcionarios de esta institución y el personal del Ejército boliviano fueron víctimas de un secuestro por parte de los pobladores, quienes extorsionaron y obligaron a los militares a firmar un compromiso para que los vehículos indocumentados de los pobladores de Calamarca en la provincia Aroma, del departamento de La Paz no sean incautados.

"En Acta de Compromiso se determina que el personal de la Aduana Nacional y personal del Ejército se compromete a no comisar vehículos sin registro de pobladores y comunarios del municipio de la sección de Calamarca, Provincia Aroma, que esté en movimiento o estacionado en sus carreteras", se escucha en la grabación.

La situación también fue aclarada en Radio Fides Bolivia, por Jovana Cortez, la responsable jurídica de la Aduana La Paz, y Antonio Martínez el gerente regional de la Aduana La Paz. Martinez explicó el contexto de lo sucedido y señaló que el personal de la Aduana fue extorsionado.

“El Grupo de Reacción Inmediata (GRI), cerca de la localidad de Calamarca, identificaron un vehículo indocumentado, comprueban que el mismo tiene unas placas que son falsificadas y en lo que procede la intervención, el encargado del vehículo llama a mayor gente, vienen en vehículos, vienen a pie, y los compañeros que están haciendo su trabajo, son interceptados, son llevados con violencia a una comunidad cercana y ahí incluso ellos han sido extorsionados”, dijo el funcionario a Radio Fides.

Según Martínez los militares y personal de la Aduana fueron golpeados y amedrentados por los comunarios e incluso señala que se les pidió dinero para que los vehículos, que son propiedad de la Aduana, les sean devueltos. El gerente señala que finalmente fruto de la presión se les hace firmar el acta donde se comprometen a no incautar autos indocumentados del sector.

Sin embargo, la autoridad aduanera señaló que el documento no tiene validez, pues ellos son parte del GRI, además señala que esta acta, va totalmente en contra de la norma, por lo que no goza de alguna validez.

“Hay una persona detrás del compañero con un látigo (…) al estar en peligro sus vidas, al ser extorsionados, ellos han elaborado a su gusto este documento y todos sabemos que su vida estaba en peligro, ellos cumplían con sus exigencias o simplemente los linchaban”, dijo Jovana Cortez.