Iglesia católica invita a "dejar las imposiciones" en el conflicto nacional

"Desde esta Asamblea de Obispos, pastores de la Iglesia católica en Bolivia, llamamos a deponer actitudes de imposición y enfrentamiento", afirmó el presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Aurelio Pesoa, en su discurso inaugural de la CXI Asamblea, que terminará el próximo 15 de noviembre.

Los obispos bolivianos invitan a todos en el país a cesar las imposiciones y enfrentamientos que mantienen el conflicto social en el país tras las solicitudes por el censo de población y vivienda en Bolivia. "En la sociedad boliviana en este momento se intenta imponer un proyecto de país que es el proyecto de algunos, pero no representa a todo el pueblo boliviano", afirmó.

Para el presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, el Estado de derecho en Bolivia está siendo "aplicado" con parcialidad y que el Gobierno no garantiza los derechos básicos por igual. Algo que, a su parecer, es algo inadmisible en un país democrático. "Se fomenta la lógica del enfrentamiento frente a la lógica de la búsqueda del bien común, el diálogo fraterno y la convivencia entre todos" y esto puede estar creando "resentimiento en diversas regiones", indicó Pesoa a EFE. 

En la inauguración de la CXI Asamblea de Obispos participaron también el nuncio apostólico en Bolivia, Ángelo Accatino, y el cardenal boliviano, Toribio Ticona. Este encuentro religioso se realiza en tensos momentos políticos en la región. 

Hay que recordar que durante los últimos días, Santa Cruz de la Sierra mantiene un paro cívico indefinido que se ha extendido durante 20 días y que las presiones pudieran persistir por la negativa del Gobierno de Luis Arce, de ejecutar el empadronamiento en el 2023. 

El Gobierno postergó el censo, que debía realizarse en noviembre de este año, para 2024, asegurando que no se podía realizar por argumentos de la "calidad" de los datos y la necesidad de "despolitizar" el proceso. 

Esta decisión mantiene a Santa Cruz, cercada por sectores oficialistas, que bloquean carreteras y vías principales a la región, impidiendo el paso de alimentos y el abastecimiento correcto de combustible, como medida para que el paro cívico culmine. Aunque se han generado mesas técnicas, el Gobierno sostiene que es inviable hacerlo en 2023 si no en 2024.