Defensoría del Pueblo pide que más mujeres se postulen a altos cargos en el país

En Bolivia, cada vez son menos las profesionales que se postulan a altos cargos judiciales por esta razón la Defensoría del Pueblo alentó a las mujeres a que se postulen más para este tipo de trabajos en el país. 

"Alentamos a las mujeres abogadas a que consideren seriamente la posibilidad de postularse como candidatas en las elecciones judiciales de 2024", recalcó la Defensoría.

Asimismo, manifestó que la "experiencia, conocimiento y perspectiva de género son fundamentales para garantizar una justicia más inclusiva, sensible y efectiva".

El más reciente reporte sobre los aspirantes a los cargos del Tribunal Supremo de Justicia, Constitucional, Agroambiental y Consejo de la Magistratura señaló que existen 31 postulaciones, de las que solo 4 son de mujeres.

En un pronunciamiento, la entidad defensora de los derechos humanos llamó a las autoridades electorales y a la sociedad "a tomar medidas concretas para garantizar condiciones equitativas y no discriminatorias para la participación de mujeres en las elecciones judiciales".

La recepción de la papelería de los aspirantes comenzó el 20 de febrero y finalizará el próximo domingo. El proceso de las elecciones judiciales, que debían realizarse el año pasado por voto popular, se suspendió por las pugnas entre el oficialismo y la oposición en el Parlamento.

Por esto, en diciembre del año pasado, el Tribunal Constitucional extendió el mandato de sus magistrados y el de las otras cortes, alegando que así evitaban un “vacío de poder”.

La prórroga de los actuales magistrados generó el rechazó de la oposición, mientras que los sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) del partido oficialista MÁS, realizaron fuertes bloqueos de caminos durante 16 días en todo el país.

Las protestas terminaron cuando el Parlamento determinó una nueva ley de convocatoria a elecciones judiciales, la cual fue promulgada por el presidente Luis Arce. La Constitución vigente desde 2009, establece la elección por voto popular de los magistrados de los principales tribunales del país, previamente seleccionados por el Legislativo.