Policía confirma que exministros Murillo y López dejaron el país el 9 de noviembre

El comandante general de Policía, Johnny Aguilera, informó este martes que el lunes 9 de noviembre, en vuelo oficial, cruzaron la frontera hacia el Brasil, los exministros de Defensa, Luis Fernando López y de Gobierno, Arturo Murillo, quienes están implicados en el caso gases lacrimógenos.

"Hemos logrado establecer una línea de tiempo que nos permite acreditar la salida de un vuelo en el FAB-046, este es un vuelo oficial, que sale del aeropuerto del Trompillo, de Santa Cruz, con destino a Puerto Suárez, con cuatro ocupantes; arriban allí a las 14.25 y a partir de ese momento se han realizado las gestiones, vamos a llamar administrativas, que han permitido que esas autoridades salgan de nuestro suelo", explicó la autoridad policial.       

Agregó que los primeros elementos que permitieron recabar información sobre esta salida fueron publicaciones que se hicieron en redes sociales y medios de comunicación, "que han puesto de manifiesto que el exministro de Gobierno se encuentra en Panamá y el exministro de Defensa, está en Sao Paulo, Brasil".

Tras salir de Puerto Suárez, las exautoridades se dirigieron a Corumbá, en territorio extranjero, situación que Migración de Brasil hizo conocer a inteligencia de Bolivia, en el entendido que ambas personas a ingresaron a ese país el lunes 9 de noviembre.

"Lo que nos toca, a partir de estos canales de información, es establecer cuáles son las actividades que están desempeñando estas exautoridades allí, con cuyos datos nos acercaremos hasta el Ministerio Público para que se efectúen las gestiones pertinentes", agregó Aguilera, en el entendido que se emitieron las órdenes de aprehensión en contra de Murillo y López en el caso gases lacrimógenos.     

Los exministros fueron denunciados por los exdiputados Edgar Montaño, Sonia Brito, Ayda Luz, Juana Quispe, Remberto Calani y Franklin Flores por los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al estado, por la presunta compra irregular de material antidisturbios.

La anterior legislatura conformó una Comisión Especial Mixta que recomendó remitir una copia de su informe a la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar las investigaciones por el presunto sobreprecio en la adquisición de gases lacrimógenos para las Fuerzas Armadas y la Policía.