Administradora Boliviana de Carreteras es investigada por supuestas coimas en la institución

El diputado por el Movimiento al Socialismo (MAS), Héctor Arce, denunció ante la Fiscalía sobre 11 funcionarios de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y un empresario chino por presuntamente pactar una coima de 18 millones de bolivianos, para direccionar la contratación de 456 millones de bolivianos a la empresa china Harbour por la construcción de la Doble Vía Sucre-Yamparáez.

Arce aseguró que la ABC “está podrida” y que “está siendo dirigida por una organización criminal delincuencial”, por lo cual pidió al presidente Luis Arce que destituya al presidente de la Administradora de Carreteras, Henry Nina.

Tras la denuncia una comisión de fiscales y efectivos de la Policía Boliviana ingresaron al piso 8 del edificio Centro de Comunicaciones, donde se encuentran las oficinas de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) para realizar una intervención. Dos fiscales y al menos 20 efectivos del orden llegaron a las 11:20 de este jueves a los ambientes de la institución pública.

El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó que que llegaron a La Paz fiscales de Sucre para realizar la investigación, quienes ingresaron a las instalaciones de la ABC junto a investigadores. Alave explicó que la fiscalía incautó documentos de la ABC y hasta el momento ya existen arrestados.

"Se ha secuestrado propiamente varias documentaciones, las cuales ya han sido remitidas a Sucre para su análisis", señaló Alave.

En ese sentido el diputado Arce pidió al presidente del Estado que inicia una investigación a la ABC, pero también mencionó al ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, alertó a la autoridad sobre personas allegadas a él.

Por su parte Montaño, instruyó a la ABC que remitan toda la documentación correspondiente a la auditoría realizada y resaltó que desde esta institución las puertas están abiertas para cualquier investigación referente a la licitación por la construcción de la Doble Vía Sucre-Yamparáez.

“No hay protección a nadie. Lo que queremos nosotros es mostrar que todos nuestros actos son efectivamente transparentes, y si hay funcionarios que están metidos, comprometidos con una corrupción, ya saben cuál es la decisión del ministro que siempre lucha para que todas las acciones sean transparentes”, aseguró el ministro.

Los funcionarios implicados fueron denunciados por los delitos de contratos lesivos contra el Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, cohecho propio y uso indebido de influencias.