Bolivia presume de nacionalizaciones ante el G77

Los ministros del bloque de los países emergentes y en vías de desarrollo se reúnen hasta mañana en la ciudad boliviana de Tarija (sur), convocados por Bolivia, que ejerce la presidencia de turno del grupo, para reflexionar sobre la mejor forma de administrar los recursos naturales desde el Estado.

El presidente boliviano, Evo Morales, explicó, en la inauguración del foro, que el modelo de la nacionalización petrolera de Bolivia decretada el 1 de mayo de 2006 se diseñó bajo el principio de que las petroleras nacionales o extranjeras no pueden ser dueñas de los recursos naturales, sino socias del Estado en su explotación.

Esa nacionalización dio al Estado el control de todo el negocio del gas e impone a las petroleras un carga tributaria que, según Morales, puede llegar a 82 % u 85 % del valor generado por la exportación del energético a los mercados de Brasil y Argentina.

El resto de los recursos, entre el 15 % y el 18 %, se transfieren a las empresas operadoras en la extracción del gas, pero la mitad de ese porcentaje cubre costos de operación y el resto son beneficios, según la exposición del mandatario.

Morales apuntó que expertos españoles, venezolanos y cubanos le asesoraron para fijar esa carga tributaria a las empresas, mientras que los técnicos bolivianos sugerían que solo fuera del 70 %.

El mandatario también aconsejó a los ministros del G77 que no teman a los "chantajes" o "amenazas" a la hora de nacionalizar empresas o recursos naturales en sus países.

"Es importante que los recursos naturales sean del pueblo bajo la administración del Estado. Evidentemente, hay chantajes, amenazas, amedrentamientos. No hay que temer miedo", afirmó.

Indicó que en 2005, un año antes de su llegada al poder, las inversiones en el sector de los hidrocarburos sumaban apenas 240 millones de dólares y en 2014 la cifra es de 3.029 millones de dólares, un 70 % proveniente del Estado.

A juicio del gobernante, su país cambió su realidad económica y se liberó gracias a los ingresos procedentes de las exportaciones del gas y por el régimen tributario al que están sometidas las petroleras.

Este año, Bolivia, un país con poco más de 10 millones de habitantes, recibirá alrededor de 6.000 millones de dólares por las exportaciones del gas natural, la mayoría de las cuales irá al Estado para su distribución a nivel regional, municipal y sectorial.

El presidente boliviano subrayó, además, que la nacionalización está constitucionalmente blindada, de forma que ningún futuro gobierno pueda volver a privatizar las empresas estatales o la gestión de los servicios básicos.

Por su parte el procurador general de Bolivia, Héctor Arce, afirmó que su país es el que más nacionalizaciones ha llevado a cabo los últimos años pero es, a la vez, el que menos juicios de arbitraje afronta.

Arce defendió que hay que tener "coraje" para tomar esas medidas y Bolivia es "el ejemplo de que se puede nacionalizar" y se pueden crear reglas de juego que no solo den seguridad jurídica a los inversionistas, sino también para el Estado.

Desde la llegada al poder Morales en 2006, el Gobierno de Bolivia ha nacionalizado más de 20 empresas en los sectores de hidrocarburos, electricidad, minería y telecomunicaciones, pero también ha negociado varios acuerdos para indemnizar a los inversores extranjeros afectados por las expropiaciones.

La reunión de los ministros servirá para debatir sobre la gobernanza de los recursos naturales, la industrialización, los ingresos producto de los recursos naturales y la redistribución, así como los derechos de propiedad, las negociaciones y los arbitrajes internacionales.

En la cita participan representaciones de Argentina, Bangladesh, Burkina Faso, Colombia, Chile, Ecuador, Haití, Lesoto, Madagascar, Malasia, Marruecos, Nepal, Senegal, Tanzania, Uruguay, Venezuela y Zambia, entre otras naciones.

El G77 agrupa a un total de 133 países, que en junio de este año se reunieron en la ciudad boliviana de Santa Cruz para conmemorar los 50 años de vida del grupo y discutir una agenda de desarrollo internacional post 2015. EFE