Niegan recurso legal para que la expresidenta Áñez sea juzga por "responsabilidades"

Este jueves 14 de septiembre, un tribunal negó el recurso legal para que la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, pudiera seguir su proceso a través de un juicio de responsabilidades y no por la vía ordinaria. 

"Los vocales de la Sala Constitucional denegaron la acción de cumplimiento no procediendo a tratar la responsabilidad que tenían estas dos entidades", precisó Luis Guillén, uno de los abogados de Áñez. 

Hay que recordar que desde el 2021, la Fiscalía General de Bolivia, presentó cuatro posiciones acusatorias para hacer un proceso especial ante esa instancia en el caso de Jeanine Áñez.  Entre esos procesos están las muertes de civiles durante la gestión de Áñez en Sacaba, Cochabamba, y Senkata, un barrio de El Alto, ciudad vecina de La Paz, junto a otras acciones que la exmandataria interina tomó en su Presidencia transitoria.

Guillén mencionó que correspondía que el Legislativo "se pronuncie" sobre esos procesos, pero que por "artimañas" de la comisión parlamentaria se "desvió" ese canal.

En febrero pasado, la comisión de Justicia Plural devolvió tres de las cuatro proposiciones acusatorias bajo el argumento de que la Fiscalía General no ha "acreditado la condición de presidenta" de Áñez, por lo que corresponde que se pronuncie sobre esa observación.

"El órgano Judicial no puede seguir socapando las estrategias políticas que tenga una agrupación política (el oficialista Movimiento al Socialismo) o el órgano Ejecutivo", cuestionó Guillén.

Aparte de los procesos enviados al Parlamento, Áñez afronta unos ocho juicios en la vía ordinaria, que incluyen también los casos Senkata y Sacaba, por los que la defensa presentó varias apelaciones. La exmandataria interina está detenida desde marzo de 2021, inicialmente por el caso "golpe de Estado I" bajo acusaciones de terrorismo, sedición y conspiración.

Luego se la procesó en el llamado caso "golpe de Estado II", por el que se la sentenció a 10 años de prisión por resoluciones contra la Constitución e incumplimiento de deberes, al situarse indebidamente en línea de sucesión tras la renuncia de Evo Morales en 2019 y otras altas autoridades.

Para el oficialismo la crisis de ese año fue producto de un "golpe de Estado", mientras que para la oposición consistió en una protesta de la población por un fraude en beneficio de Morales en las frustradas elecciones generales. 

Los abogados aseguran que Áñez llegó a la presidencia de Bolivia tras haber tenido la condición de la vicepresidencia del Senado tras la renuncia de Evo Morales. Todos los organismos de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han considerado que el proceso judicial en el que se ha visto implicada ha sido "poco claro".