Conozca los puntos más importantes del informe del GIEI sobre la crisis de 2019 en Bolivia

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) finalmente entregó el informe de la investigación sobre los hechos de violencia ocurridos durante la crisis de 2019 en Bolivia, en un periodo que abarca desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de ese año.

El grupo, que fue creado a recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, concluyó que los hechos violentos cobraron la vida de 37 personas y dejaron cientos de heridos. 

La investigación, que abarco un periodo con dos presidencias: primero la de Evo Morales y luego la de Jeanine Áñez, encontró responsabilidades en ambas. A continuación te detallamos algunos de los aspectos más importantes que estableció la investigación.

Las principales causas de muerte y violaciones a los derechos humanos fueron la “acción desproporcionada” de la Policía y las Fuerzas Armadas, y, en segundo lugar, choques de civiles a favor y en contra del entonces presidente Morales.

Sobre el Gobierno de Evo Morales pesan los hechos violentos de Vila Vila, Playa Verde y Montero. En el primero, un grupo de cívicos, universitarios, docentes, y activistas que se dirigían de Chuquisaca a La Paz para protestar contra Morales fue atacado. Dos de los once buses que lo conformaban fueron retenidos por bloqueadores que respaldaban al Gobierno, quienes tomaron 15 rehenes, trataron de quemar los vehículos y agredieron física y sexualmente a las manifestantes.

Poco después, y luego de enterarse lo sucedido, salió de Potosí la llamada “caravana  minera”. Al toparse con un bloqueo, trataron de negociar el paso, pero fueron atacados con armas de fuego. Cinco personas fueron heridas, pero los ataques con armas de fuego no cesaron ni siquiera al llegar las ambulancias.

El GIEI determinó que en estos hechos hubo “la participación directa o indirecta del Gobierno nacional, del departamental de Oruro y Potosí y de alcaldías”. Además concluye que los ataques fueron instigados por el Estado que, según relata el informe: “estimuló los bloqueos y apoyó el traslado de civiles a los lugares de los ataques”. 

En Montero fueron asesinados dos personas que protestaban contra Morales. Aunque es probable que los responsables fueran militantes del MAS, no se ha esclarecido todavía ninguno de estos hechos.

Durante el Gobierno de Jeanine Áñez se dieron dos de los hechos más graves de violación de derechos humanos. El GIEI no duda en llamarlos masacres: en Sacaba, Cochabamba, un grupo de manifestantes que respaldaban a Morales llegaron desde Chapare con la intención de entrar en la capital. 

La Policia y Fuerzas Armadas los reprimieron y, según el GIEI, usaron armas de fuego contra ellos a pesar de que los manifestantes no estaban armados. El resultado fue una decena de personas muertas y un centenar heridas.

El informe las califica como ejecuciones sumarias, pues la fuerzas del Estado actuaron con la intención de matar aunque los manifestantes ya estuvieran en fuga.

En Senkata, un grupo de manifestantes bloquearon la salida de cisternas de la planta de almacenamiento de gas y gasolina. Sin embargo, los vehículos lograron posteriormente pasar con custodia policial, lo que molestó a los manifestantes que derribaron un muro de la planta. Según el Gobierno de Áñez, trataron de volar la planta, pero el GIEI desmiente esta versión y dice que: “Las estructuras sensibles de la planta no fueron amenazadas por los actos vandálicos ni por las protestas”.

Las Fuerzas Armadas abrieron fuego contra los manifestantes y como consecuencia, murieron 10 personas y alrededor de 80 resultaron heridas.

Desde el Gobierno de Luis Arce se han apresurado en afirmar que el informe de la GIEI corrobora que sí hubo un golpe de Estado; a pesar de que de que propio grupo aclaró, al momento de presentar el documentó, que no establecieron la existencia de un golpe, como señala el oficialismo, ni de un fraude eletoral, como defiende la oposición.

Y aunque el informe del GIEI debe servir para dar justicia a las víctimas, el mismo informe señala las profundas deficiencias en la justicia boliviana y apunta a la falta de independencia y a su uso como herramienta de “persecución penal con finalidades políticas”, un problema que califica de “larga data” y no exclusivo a la coyuntura de 2019.

Lamentablemente, el informe tampoco dio paso al diálogo, sino que sirvió para que los actores políticos polarizaran y tensionaran aún más la situación ya de por sí complicada por la que atraviesa el país.