Sube a cuatro el número de detenidos por las masacres y las violaciones masivas a los DDHH en 2019

Al menos cuatro ex autoridades militares y civiles se encuentran detenidas e imputadas por las masacres de Senkata y Sacaba, ocurridas en 2019 en el marco del golpe de Estado.

El 1 de abril de 2021 fue enviado a la cárcel el exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el general en retiro Luis Fernando Valverde Ferrufino, por la acusación de haber participado y dirigido el operativo militar-policial que dejó 10 muertos y decenas de heridos por impactos de bala en noviembre de 2019 en Senkata, El Alto.

Valverde Ferrufino fue enviado por seis meses a la cárcel de El Abra, Cochabamba. Es acusado por delitos de asesinato, homicidio y lesiones graves y leves.

Según la imputación de febrero, “arrojándose atribuciones que no le correspondían en su condición de Director Ejecutivo de la ANH, quien solo tenía tuición sobre personal civil de esta institución, ordenó y lideró el retorno de seis mecanizados blindados de las FFAA (tanquetas) con personal militar a la Planta de Senkata, donde conjuntamente a otros efectivos militares de alto rango, y bajo conocimiento de exautoridades del Órgano Ejecutivo, se valieron de aquellos extremos para abrir fuego contra la población civil”, informó La Razón.

Otro de los detenidos es el entonces comandante de la División Mecanizada del Ejército, general Franco Orlando Suárez Paz, por la acusación de homicidio, lesiones graves y leves, dentro de la denuncia asentada en El Alto por la muerte de 10 personas y decenas de heridos en noviembre de 2019 en Senkata. El 19 de marzo fue enviado a la cárcel de San Pedro, en La Paz.

Un tercer caso es el del general Alfredo Cuéllar, comandante de la guarnición militar de Cochabamba, quien fue enviado a prisión domiciliaria, por decisión judicial. Está acusado de asesinato durante la matanza de Sacaba.

Un cuarto caso es el de Jeanine Áñez. La Fiscalía General admitió la proposición acusatoria para el inicio de una investigación en contra de ella, tras la denuncia presentada por unos 20 familiares de las víctimas de los enfrentamientos en Senkata y Sacaba, en noviembre de 2019.

Áñez, quien se encuentra detenida, es procesada por los delitos de genocidio, lesiones graves y lesiones seguidas de muerte. Ella se acogió al silencio en una audiencia sobre este caso.

Tiempo atrás, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, apuntó a Jeanine Áñez como la principal responsable de las muertes en Sacaba y Senkata por ser quien firmó el Decreto 4078 que eximió de responsabilidad penal a los militares para “restablecer el orden”.

“No podemos quedarnos solamente con un proceso judicial contra un general (Luis Fernando Valverde Ferrufino). ¿Uno solo? ¡Participaron más! No podemos quedarnos con una imputación contra (Luis Fernando) López y (Arturo) Murillo (exministros de Defensa y Gobierno, respectivamente) porque hubo una presidenta que les ordenó a ellos y esa presidenta, transitoria o no transitoria, constitucional o no constitucional, ella firma el decreto donde se señala las intervenciones policiales y militares con una suerte de manto de impunidad para los militares con una teoría de defensa, de situación de legítima defensa”, aseveró Cruz en el programa de La Razón, Piedra, Papel y Tinta.

Respecto al coronel Jaime Zurita, excomandante de la Policía de Cochabamba, la justicia determinó medidas sustitutivas a la detención, por lo que podrá defenderse en libertad en el proceso que se le sigue por la masacre de Sacaba.

Zurita es investigado ya que era Comandante policial en Cochabamba durante los hechos del 15 de noviembre de 2019.

Durante el régimen de facto de Jeanine Áñez, al menos 37 personas fueron asesinadas, 804 resultaron heridas y, según la Defensoría del Pueblo, más de 1.141 fueron detenidas de manera ilegal, inclusive con la participación de grupos civiles paraestatales, y sometidas a torturas y vejaciones.