El Senado aprueba la Ley de Arraigo

El Senado aprobó este martes una ley que establece la "obligación" para que altos funcionarios del Estado permanezcan en el país tras la conclusión de sus funciones para "evitar la impunidad" ante casos de corrupción. 

La norma aprobada por la Cámara Alta, que cuenta con la mayoría del Movimiento al Socialismo (MAS), "establece la obligación de permanecer en el territorio nacional" a funcionarios que incluyen al presidente del país, ministros y legisladores. 

El texto también menciona a otras autoridades regionales como gobernadores, alcaldes, concejales y altas autoridades ejecutivas de empresas púbicas o que administren recursos fiscales. 

La prohibición de salir del país se aplica "por el lapso de tres meses", ya sea que los funcionarios mencionados hayan "cesado el mandato", como es el caso de quienes fueron elegidos, o hayan sido destituidos, en la condición de designaciones directas. 

Esos 90 días o 3 meses de aplicación de la prohibición de salir del país servirán, menciona la norma, para "rendir informes que se requieren a las autoridades entrantes" en el marco de la transparencia y cuidado de los intereses del Estado. 

En caso de incumplimiento de la disposición, los que infrinjan la norma "serán responsables penalmente", indica la propuesta legal. 

Lo que hace esta ley es que "los maleantes no se escapen", señaló el senador del MAS Ciro Zabala, durante su intervención por videoconferencia en la sesión del Senado, en la que aludió a casos de corrupción en las empresas estatales YPFB y ENTEL. 

Esos casos involucran a los expresidentes de YPFB Herland Soliz y de ENTEL Elio Montes, funcionarios del Gobierno de la presidenta interina del país, Jeanine Áñez, de quienes se supo que salieron de Bolivia cuando se habían iniciado procesos de investigación por supuesta corrupción. 

"Si hay un acto de corrupción", quien salga del país "va a tener  que pagar y volver", dijo a su turno el senador de la bancada minoritaria de Unidad Demócrata (UD) Edwin Rodríguez. 

El proyecto de ley, que contempla únicamente tres artículos, fue derivado a la Cámara de Diputados para proseguir el proceso de aprobación en el Parlamento boliviano.