Procuraduría busca desmentir “fraude” revisando las 35.000 actas de las elecciones de 2019

A casi dos años de las fallidas elecciones de 2019 en Bolivia, continúa la polémica sobre si hubo fraude electoral a favor del entonces presidente Evo Morales.

En este sentido, el procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, propuso hacer una revisión de los resultados de estas elecciones “acta por acta”. El propósito, afirma, es “dar una respuesta al país sobre la verdad de lo ocurrido” y “liquidar la teoría del fraude”.

Para esto, se establecerá esta semana un cronograma y metodología para revisar las 35.000 actas de los fallidos comicios, incluidas las que fueron observadas por irregularidades e incluso las que fueron destruidas durante las protestas. Según Chávez, hay copias digitales de las actas quemadas que permitirán llevar a cabo el proceso.

El Tribunal Supremo Electoral, por su parte, indicó que las actas sí se encuentran digitalizadas y cualquier ciudadano puede acceder a ellas, pero dijo no saber “a qué apunta esta revisión”. Según su presidente: “Si eliminaron las actas no tiene efecto por el principio de preclusión establecido, ni puede modificar acto alguno de lo que se hubiese realizado”.

Desde el oficialismo defienden la propuesta como una forma de desmentir las observaciones realizadas por la OEA a estos comicios. Las cuales derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales, que denunció ser víctima de un golpe de Estado.

El 28 de agosto, la Procuraduría había anunciado que la OEA no cumplió con los acuerdos pues, según evidenciaron, no se realizó una auditoría. Y fue como consecuencia de esta denuncia que plantearon lo que podría entenderse como un recuento de votos.

Sin embargo, la oposición criticó la postura del procurador, pues la entiende como un gasto innecesario de dinero que tiene como único objetivo lavar la imagen de Morales; y respaldo el informe de la OEA que apunta a irregularidades no solo en el llenado de las actas, sino en el propio sistema de cómputo que tenía profundas deficiencias y vulnerabilidades.

Otros datos importantes para entender la polémica es que el caso denominado “fraude electoral” ya fue desestimado por la Fiscalía. Para ello, se basó en un informe encargado a la Universidad de Salamana que reconoció fallos en el sistema de cómputo pero estableció que su manipulación era altamente improbable. Este informe, por otra parte, tampoco hizo una revisión exhaustiva de las actas, sino que trabajo a distancia solamente con el aspecto informático.

En todo caso, como el caso “fraude” ya está cerrado, esta revisión no cambiaría nada en el aspecto judicial.

Otro tema que causa susceptibilidad es que el procurador, principal impulsor de la propuesta, fue ministro de Gobierno en la gestión de Evo Morales, además de su abogado defensor antes de ser designado en su nuevo cargo.