El impacto de las plataformas digitales en la integridad del deporte boliviano

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Las apuestas deportivas por Internet crecieron a un ritmo que tomó por sorpresa a todos: reguladores, legisladores y hasta al propio sistema financiero. Ahora, miles de personas visitan GGBet Casino y otros sitios web para hacer sus pronósticos sin siquiera salir de sus casas.

Este gran crecimiento tiene varios motivos, pero ninguno tan importante como la tecnología. Sorpresivamente (o no tanto), el Estado no ha estado a la par de tan importante crecimiento.

Cómo la tecnología les dio un gran empujón a las apuestas online

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) reportó en abril de 2025 más de 11,25 millones de conexiones de Internet móvil, con cobertura cercana al 92 % del territorio nacional.

Gracias a ese alto grado de expansión, las casas de apuestas ya no necesitan locales físicos ni avisos en la calle. Con un grupo de WhatsApp o un canal de Telegram alcanza para promocionar enlaces, responder preguntas al instante y administrar comunidades de apostadores con costos operativos mínimos.

El segundo factor de aceleración es la forma en que Bolivia paga. En vez de depender de tarjetas de crédito internacionales o pasarelas transfronterizas (mecanismos que las autoridades financieras pueden monitorear y cortar con relativa facilidad), los operadores de apuestas adoptaron eWallets, criptomonedas y hasta transferencias bancarias.

Un marco legal que quedó viejo y un Estado que siempre llega después

La legislación boliviana se quedó atrás frente a la digitalización. La Ley N° 060, en su artículo 9, reconoce que los juegos pueden desarrollarse por medios tecnológicos o digitales, pero toda su estructura regulatoria fue pensada para establecimientos físicos.

Los artículos 10, 13 y 27 exigen locales autorizados, operadores privados con domicilio en el país y permisos municipales sobre la ubicación del recinto. Pero cuando se trata de aplicaciones alojadas en servidores extranjeros o plataformas que funcionan desde un celular, esa exigencia territorial genera un vacío que nadie ha sabido cerrar.

Con esa lectura técnica, la AJ mantiene su posición: no existen apuestas deportivas online legales en Bolivia. La oferta regulada se limita a un único casino presencial autorizado, ubicado en Santa Cruz de la Sierra.

Sin herramientas normativas para integrar las plataformas digitales, la respuesta estatal viene siendo reactiva y punitiva. La AJ coordina con la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB) para rastrear la actividad en línea.

Según documentación institucional de 2023, esa cooperación técnica permitió identificar y dar de baja de forma inmediata 30 sitios web no autorizados, bloqueando temporalmente su acceso desde el país.

Cuando las apuestas ilegales pudren el deporte por dentro

La multiplicación de plataformas de apuestas provocó una crisis que golpeó directo a la credibilidad del deporte boliviano. El fútbol fue la primera víctima visible.

En 2023, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, denunció públicamente la existencia de una red dedicada a arreglar partidos y sobornar jugadores. La Fiscalía admitió las pruebas el 8 de septiembre de ese año, y lo que vino después fue que 14 de los 17 equipos de la División Profesional votaron por anular los torneos en curso.

La competición se retomó semanas después, pero aquella paralización dejó en evidencia hasta qué punto los apostadores ilegales habían penetrado las estructuras del fútbol nacional.

Las redes de amaños suelen apuntar a jugadores y árbitros que están en situaciones económicas desesperantes. En agosto de 2024, la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) y FABOL revelaron que apenas un club profesional cumplía en tiempo y forma con sus planillas salariales.

Los otros 15 equipos debían dos o más meses, y en algunos casos los atrasos se arrastraban hasta 14 meses, abarcando las gestiones 2021, 2022 y 2023. Para noviembre de 2024, el panorama no había mejorado, pues solo tres de 16 clubes de primera división estaban al día. Los 11 restantes presentaban retrasos de entre tres y 18 meses.

Cuando un futbolista no tiene ninguna garantía real de cobrar su sueldo, la oferta de un arreglo ilícito se vuelve muy difícil de rechazar.

El problema tampoco se agota en el fútbol. En abril de 2024, la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) sancionó de por vida al tenista Alejandro Mendoza Crespo, con una multa de 250.000 dólares por 20 infracciones graves vinculadas a una red de amaños operada desde Bélgica.

Meses antes, en julio de 2023, el oficial Percy Flores había recibido una suspensión de 12 años y una sanción de 15.000 dólares por 31 infracciones. Se comprobó que manipulaba puntuaciones de manera rutinaria desde su dispositivo de juez de silla para favorecer apuestas en vivo.

Todos estos fallos ratifican que la mezcla de pagos instantáneos y precariedad salarial configura un riesgo devastador para las competiciones nacionales. Por eso, Bolivia necesita un marco regulatorio que reconozca la realidad digital del país antes de que la integridad deportiva sufra un daño que ya no tenga reparación.

La participación en juegos de azar puede generar adicción. Juegue con responsabilidad. Contenido no apto para menores de edad.