Rodrigo Paz abrogó la Ley 1720 tras dialogar con sectores campesinos este miércoles. Foto: Twitter Captura video.
“Como resultado del diálogo, como el resultado de encontrarnos entre todos los bolivianos, la Ley 1720 fue abrogada”, precisó el presidente, Rodrigo Paz, tras señalar que se avanzó en el diálogo con los sectores movilizados.
El anuncio del presidente se da en medio de un contexto de protestas y bloqueos que se registran en el país hace más de 9 días. La norma que le permitía la conversión de la pequeña propiedad en mediana propiedad fue abrogada como resultado del descontento social.
“Tenemos que tratar una nueva normativa para todo el país, una nueva ley sobre la tierra con consensos, socializando, escuchando a todos los sectores”, precisó Paz Pereira a través de las redes sociales.
La Ley 1720, promulgada en abril de 2026, autorizaba al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a tramitar en un máximo de 10 días hábiles el cambio de categoría de tierras ya tituladas como pequeñas propiedades. Aunque se presentaba como una medida voluntaria y gratuita, destinada a facilitar el acceso a créditos bancarios, maquinaria y tecnología para impulsar la productividad, rápidamente se convirtió en foco de controversia.
Para sus defensores, la Ley 1720 representaba un paso necesario hacia el desarrollo rural; para sus detractores, una amenaza real a la protección constitucional de las tierras campesinas e indígenas.
¿Por qué generó tanto rechazo esta norma?
La principal preocupación radicaba en la pérdida de las garantías especiales que amparan a la pequeña propiedad, considerada como patrimonio familiar inembargable, indivisible y orientada a la subsistencia. Al convertirse en mediana propiedad, estas tierras podrían hipotecarse con mayor facilidad y, en caso de incumplimiento por sequías, caídas de precios u otros riesgos comunes en el campo boliviano, terminar embargadas o rematadas.
Este contexto jurídico, según los críticos, le abriría la puerta a la concentración de tierras en manos de grandes empresarios y debilitaría el modelo de propiedad comunitaria. Algo que defienden los sectores sociales detrás de las protestas.
El exdirigente campesino Luis Alfaro cuestionó duramente la norma al afirmar que “beneficia solo a la oligarquía del negocio agroindustrial y es una puerta abierta a la expansión del latifundio”. Por su parte, marchistas indígenas y campesinos de Pando y Beni, que llegaron a La Paz tras semanas de caminata, denunciaron la falta de consulta previa y advirtieron sobre el riesgo de mercantilización de los territorios.
