BBVA inicia arbitraje contra Bolivia ante el CIADI

El pago de $us 42,6 millones de dólares que hizo el Estado a la empresa chilena Quiborax tras que perdiera un arbitraje en el CIADI aún está en la memoria de los bolivianos, que este lunes despiertan con la información de que se viene otro proceso ante el mismo tribunal, esta vez interpuesto por una firma mucho más grande.

El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) solicitó un proceso de arbitraje contra Bolivia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) por el traspaso del manejo de los aportes de jubilación de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) BBVA Previsión a la estatal Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.

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El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria informó que decidió recurrir a un arbitraje en el CIADI para que se defina el monto de dinero que el Estado boliviano debe pagar por la salida del país de la 'Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) Previsión'.

Durante todo este tiempo, BBVA ha notificado en diversas ocasiones su voluntad de negociación con el gobierno de Bolivia, para un traspaso fluido y ordenado con el regulador y las autoridades.

Con esto, la entidad informó que desde que se conoció que el sistema de pensiones iba a pasar a ser gestionada por el Estado se inició un proceso de transición, el cual no ha podido ser completado hasta la fecha.

El funcionamiento de la gestora pública se formalizó en 2015 y en septiembre de 2017 su funcionamiento fue pospuesto hasta 2019. 

Las millonarias sumas

Para abril de 2018, el monto que administra asciende a 58.938 millones de bolivianos, con una rentabilidad de 2,94%. Ese monto proviene de los aportes de 1.189.352 asegurados, que representan el 53,5% del total. El resto pertenece a la APF Futuro. 

¿Qué pasará con los aportes de los bolivianos?

Ante esto, el Procurador General del Estado, Pablo Menacho, y el oficialismo enviaron un mensaje para garantizar a la población asegurada que sus aportes no se encuentran en riesgo debido a esta acción legal.

“Queremos dar un mensaje de confianza de que los aportes de los bolivianos y bolivianas están completamente garantizados. Este es un pleito directamente con el Estado, esto recae en la responsabilidad de la defensa legal del Estado”, afirmó el jefe de bancada del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados, David Ramos.

Entre tanto, el traspaso de la administración de los aportes a manos de la Gestora Pública fue dispuesto para garantizar que los beneficios se extiendan más allá del grupo de asegurados que tienen relación obrero patronal y consideró que ahora la Procuraduría tiene “la responsabilidad de hacer prevalecer esa decisión soberana que se ha tomado en Bolivia”.

Caso Quiborax

En el caso Quiborax, el Estado tuvo que pagar $us 42,6 millones de indemnización a la empresa, tras que la CIADI determinó que no se siguieron los procedimientos para la nacionalización de una concesión otorgada a esta firma durante el gobierno de Carlos Mesa.

El expresidente, en su defensa, aseguró que Menacho y otras autoridades del Estado son responsables del pago de la millonaria indemnización, ya que no supieron defender los intereses del Estado, permitiendo incluso que la firma extranjera utilice un documento falsificado para sostener su demanda.

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