El salario generó incertidumbre entre los empresarios que aseguran que "fue unilateral". Foto: EFE
Los miembros de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEP), dejaron ver su preocupación ante el aumento salarial que decretó Rodrigo Paz Pereira. Aseguran que la "decisión fue unilateral".
En un comunicado de prensa, la CEPB calificó de "unilateral" la determinación del Gobierno de aumentar en 20 % el salario mínimo nacional, de 2.750 a 3.300 bolivianos, dentro de las medidas anunciadas en la víspera por el mandatario contra la crisis económica que vive el país.
"Este incremento tendrá efectos severos sobre la estabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como sobre la generación y sostenibilidad del empleo formal", alertó la patronal.
También consideró que las consecuencias de la crisis "no pueden ser asumidas solo por los ciudadanos" y que el sector político y los funcionarios estatales "deben dar muestras claras" de "capacidad", "decisión" y de "austeridad, prudencia y responsabilidad".
La entidad señaló que aunque apoya al Gobierno en "las medidas de reordenamiento" estructural para evitar una crisis que en poco tiempo dejaría a Bolivia en un "colapso económico inmanejable".
Para el sector, si bien el aplicar un incremento "homogéneo e inmediato" de los precios de los combustibles tendrá "efectos complejos sobre la economía de todos", es "una medida necesaria y urgente que el país necesitaba".
Rodrigo Paz declaró el miércoles la "emergencia económica, financiera, energética y social" argumentando que Bolivia no podía seguir funcionando "con normas de los últimos 20 años" y, entre otras medidas, determinó retirar la subvención a los combustibles.
Tras la emisión del decreto, la gasolina especial pasó a costar 6,96 bolivianos por litro, equivalente a un dólar, la gasolina premium sale a 11 bolivianos y el litro de diésel a 9,80 bolivianos. Pero también el aumento del salario en casi 20% generó impacto entre los gremios.
El Gobierno de Rodrigo Paz Pereira mantuvo una postura firme en defensa del Decreto Supremo 5503 que elimina la subvención a los combustibles como medida "inevitable" y "necesaria" para estabilizar la economía, ahorrar recursos estatales y garantizar el abastecimiento futuro. El salario está incluido en estas medidas.
El Gobierno de Rodrigo Paz sostuvo este jueves que la subvención de los combustibles "era una enfermedad" que se debía resolver y mencionó que el monto proyectado para cubrirla en 2026 era de 3.500 millones de dólares, equivalentes al 6,4 % del producto interior bruto (PIB).
Según el ministro de Economía, Alejandro Medinaceli, cerca del 30 % del subsidio era "capturado" por "redes de corrupción que se habían institucionalizado" en los Gobiernos anteriores y un 40 % terminaba "en el uso de familias que no necesariamente requieren una subvención" porque tienen "alto poder adquisitivo".
