Santa Cruz aplaude destinación del 12% del IDH para atender COVID-19

El secretario general de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, consideró que el proyecto de ley que suspende de forma temporal el recorte del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para los municipios, gobernaciones y universidades estatales ayudará a contar con más recursos para enfrentar el coronavirus y distribuir alimentos a la población.

"De sentido común que vamos a apoyar cualquier iniciativa que signifique corregir una injusticia y tener más recursos para enfrentar la pandemia del coronavirus pues es inútil tener dinero guardado cuando las entidades autónomas necesitamos recursos para apoyar a la ciudadanía, equipar a los hospitales y resolver los problemas de escasez de alimentos de la población", aseguró Peña en un contacto con la ABI.

El 23 de abril, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que suspende de forma temporal el descuento del 12% del IDH a los gobiernos subnacionales y universidades, establecido en la Ley 767 de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, emitida en 2015, hasta que finalice la declaratoria de la emergencia.

El artículo 12 de esa ley dispone que el Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Exploración Hidrocarburífera se financiará con el 12% de los recursos provenientes del IDH antes de la distribución a las entidades territoriales autónomas, universidades públicas y otros beneficiarios, aplicable desde enero de 2016.

En ese sentido, Peña manifestó que la propuesta normativa "corrige una injusticia" asumida en la gestión del expresidente Evo Morales por recortar los recursos del IDH a las entidades autónomas.

No obstante, el secretario señaló que dicha norma no debería ser temporal hasta que concluya la emergencia sanitaria sino que debería anularse porque las entidades requerirán recursos para la etapa poscoronavirus.

El proyecto de ley dispone que del total de los recursos provenientes de su aplicación, el 50% se destinará a actividades de prevención, atención y contención del COVID-19, el equipamiento de hospitales y la compra de pruebas rápidas.

También establece que el 25% irá a la provisión de alimentos para la población en el marco de los programas de seguridad alimentaria y el restante 25% al fortalecimiento de la producción local afectada por la cuarentena y la paralización de actividades para reducir la expansión de la pandemia.

En tanto, las universidades públicas deberán contribuir de forma directa con las actividades de prevención, atención y contención del virus, el equipamiento de hospitales universitarios y la adquisición de pruebas rápidas.