Por: Sofía Brañez • Bolivia.com

La regulación para la compra de armas de fuego en EE. UU. es un debate sin frutos en más de una década

Estados Unidos es uno de los únicos tres países en el mundo que aún estipulan en su constitución el derecho a la portación de armas, los otros dos son Guatemala y México.

Imagen de referencia ciudadanos norteamericanos armados. Foto: Youtube
Imagen de referencia ciudadanos norteamericanos armados. Foto: Youtube

Estados Unidos es uno de los únicos tres países en el mundo que aún estipulan en su constitución el derecho a la portación de armas, los otros dos son Guatemala y México.

El panorama en Estados Unidos no parece cambiar, y es que, a pesar del más reciente tiroteo en una escuela primaria de Texas que resultó con 19 niños y dos adultos muertos, dejando conmocionado a todo el país y a las personas alrededor del mundo, poco o nada va a cambiar la realidad del país norteamericano.

Hasta ahora las cifras de tiroteos masivos han crecido cada año en la última época y este año se han reportado al menos 212 tiroteos masivos en Estados Unidos en lo que va de los primeros cinco meses del año, esto según el Archivo de la Violencia Armada o Gun Violence Archive (GVA, por sus siglas en inglés), quienes definen un “tiroteo masivo” como un tiroteo que resulta en 4 o más personas heridas o muertas.

Pero, ¿qué es lo que impide que los legisladores de cada estado gestiones sus propias leyes para normar y regular la adquisición de estas armas? La respuesta es más sencilla de lo que parece, y la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos es la que no permite que exista un debate que llegue a hacer un cambio efectivo en las políticas del país del norte de América.

La segunda enmienda se remonta a hace más de trescientos años, cuando se gestaba la revolución de los Estados Unidos en contra de la colonización británica y habitantes de las colonias se organizaron primero en milicias y partidas de voluntarios y después en Ejército para obtener su independencia del Imperio Británico.

Debido a esta revolución para su independencia, el derecho al uso de armas está inscrito en la Constitución: "Siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre una milicia bien regulada, no debe infringirse en derecho del pueblo a poseer y portar armas", así lo dice la segunda enmienda.

El origen de la independencia influye hasta ahora, ya que, aunque se trate de estados federales que conforman a todo un país, la constitución tiene normas que rigen a los 50 estados. Por esto es que cuando surgen y resurgen debates acerca de la regulación o prohibición para la adquisición de armas, republicanos se refugian en que se estaría violando la constitución del país.

Ese es otro tema. Si bien cada vez son más las personas que exigen el control de armas en el territorio estadounidense, los legisladores y políticos, que son los encargados de darle una solución al conflicto, nunca llegan a nada.

Republicanos vs. Demócratas es el debate de toda la vida, y si bien sí existen grupos bipartidarios que desean llegar a un acuerdo, ambos partidos opositores no están de acuerdo en el cumplimiento de nuevas medidas o siquiera la posibilidad de que exista alguna.

Según encuestas del Pew Research Center y Quinnipiac University, el 90% de los demócratas apoya que se impida a personas con enfermedades mentales comprar armas. En la sociedad en general, la cifra es de 87%, mientras que con los republicanos baja a 85%.

En el caso de la revisión de antecedentes, 92% de los demócratas apoya que se lleven a para comprar armas en exposiciones de armas y en lugares privados. La cifra baja 81% en general y al 70% en el caso de los republicanos.

Armas de asalto, rifles del tipo que compró el atacante en Texas, el 83% de los demócratas apoya su prohibición, el 63% de la población general en EE.UU. apoya esta medida y sólo un 37% de republicanos apoyan esta prohibición. 

Por otra parte, la Asociación Nacional del Rifle (NRA, según sus siglas en inglés), es uno de los grupos de presión más poderosos de este país, y el año pasado se gastó casi cinco millones de dólares para reforzar los derechos en torno a la posesión de armas de fuego y evitar las restricciones sobre quiénes pueden tenerlas y cómo pueden usarlas.

Este tipo de organizaciones también apoyan las campañas políticas de gobernadores, senadores y alcaldes para que se mantengan firmes con respecto a la permisividad de armas en territorio estadounidense, lo que se refiere a un financiamiento que también mueve intereses propios y deriva en un debate sin frutos de resultados nuevos tras cada tiroteo.

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