Paraguay suspende el proceso de extradición del exministro de Defensa, Luis Fernando López
El exministro de Defensa, Luis Fernando López, es acusado de diversos delitos en Bolivia
El exministro de Defensa, Luis Fernando López, es acusado de diversos delitos en Bolivia
El Gobierno de Bolivia recibió una notificación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, a través de la Dirección de Asuntos Legales, en la que comunica sobre la suspensión del proceso de extradición que se tramitaba desde el país en contra del exministro de Defensa, Fernando López.
Erbol accedió a la nota diplomática con fecha del 30 de abril de 2024, en la que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay comunica al Gobierno de Bolivia que un fallo en un juzgado de Asunción dejó sin efecto la detención de López, así como el proceso de extradición.
“La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en la República del Paraguay remite la nota VMAAT/DAL/N° 1005/2024 de 30 de abril de 2024 proveniente del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país que informa que mediante Resolución A.I. N° 9 resolvió SUSPENDER el procesamiento especial con fines de Extradición iniciado a Luis Fernando López Julio, respecto a que el requerido se encuentra tramitando su estatus de refugiado en ese país, correspondiendo suspender la solicitud de Extradición hasta tanto sea resuelta la cuestión de la solicitud de Refugiado", dice la nota enviada al Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de La Paz el pasado 10 de mayo.
Este año se conoció que el exministro de Defensa de Bolivia, Luis Fernando López, solicitó refugio a Paraguay, luego de que presuntamente el 2023 llegara a dicho país, tras salir de Bolivia en noviembre de 2020 y refugiarse en Brasil.
Cabe señalar que, según ABI, el exministro enfrenta, además de la acusación por genocidio, otro proceso por el sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos para las fuerzas de seguridad y otro por el delito de terrorismo en el caso Golpe de Estado I.
Sumado a esto la Fiscalía General del Estado, anunció anteriormente que pediría la pena máxima, es decir 30 años de privación de libertad, en el marco de los casos Senkata y Sacaba contra el exministro de Defensa de la gestión de Jeanine Añez.