La acción popular en contra del presidente, Rodrigo Paz, fue admitida en Santa Cruz. Foto: Twitter vía @Rodrigo_PazP
La admisión de una acción popular en contra del presidente, Rodrigo Paz Pereira, por el Decreto Supremo 5503, sorprendió este miércoles 7 de enero. La medida fue interpuesta por el constitucionalista Wilmer Vásquez tras considerar que el decreto "vulnera la constitución".
Vásquez presentó la acción popular el pasado 23 de diciembre tras difundirse el Decreto 5503 y sus alcances en la economía de Bolivia, ante la Asamblea Legislativa, el Tribunal Constitucional, la Contraloría General del Estado y la Defensoría del Pueblo.
Ahora bien, la Sala Constitucional de Santa Cruz admitió la acción popular en conformidad a lo que se establece en los artículos 135 y 136 de la Constitución en relación con el artículo 68 del Código Procesal Constitucional.
Tras su admisión en contra del presidente Rodrigo Paz ahora se convoca a una audiencia pública para su posterior resolución. La audiencia fue fijada para el viernes 9 de enero a las 13:00, el acto se realizará a través de la plataforma Zoom.
Esta acción se enmarca en un contexto de controversia más amplio, donde el Tribunal Constitucional Plurinacional ha recibido otras demandas de inconstitucionalidad contra el DS 5503 y el relacionado DS 5515, este último permite al presidente gobernar "de forma remota", pero ambos procesos no tienen avances públicos reportados.
Una cartilla explicativa emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas detalla que el decreto no busca un ajuste neo liberal tradicional, sino corregir desequilibrios acumulados mediante beneficios tributarios como condonaciones parciales y facilidades de pago.
Puntos claves de la acción popular
Vásquez argumentó ante la Sala Constitucional que el decreto vulnera múltiples disposiciones de la Constitución Política del Estado, particularmente al eliminar gradualmente la subvención a los combustibles como gasolina y diésel, lo que impactaría desproporcionadamente en los sectores más vulnerables de la población al incrementar costos de vida y transporte sin mecanismos compensatorios adecuados.
El demandante sostiene que al menos 101 artículos del decreto emitido por Paz Pereira infringen principios constitucionales, como la protección social y la equidad económica, y exige que la eliminación de subsidios se trate en un decreto separado y exclusivo para evitar la conglomeración de medidas que podrían diluir el escrutinio legislativo.
La Sala Constitucional admitió el recurso basándose en los artículos 135 y 136 de la Constitución Política del Estado, en relación con el artículo 68 del Código Procesal Constitucional, lo que habilita la revisión de actos administrativos que presuntamente lesionan derechos colectivos.
