Asamblea Legislativa definirá el destino de las judiciales
Los legisladores creen que las Elecciones Judiciales deberán reprogramar para el 2025.
Los legisladores creen que las Elecciones Judiciales deberán reprogramar para el 2025.
Las Elecciones Judiciales quedaron "paralizadas"; esta semana la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) deberán definir qué pasará con el proceso de preselección de los candidatos.
Los diversos recursos legales que han interpuesto los candidatos inhabilitados en la fase de méritos y las diversas polémicas terminaron por truncar el cronograma de las Elecciones Judiciales en Bolivia.
Según las fechas del cronograma, antes del 5 de mayo, el Legislativo tendría que haber enviado la nómina de los preseleccionados ante una sesión en la Asamblea, cosa que no ocurrió.
El diputado Carlos Alarcón de Comunidad Ciudadana reveló que el proceso se interrumpió en la fase de méritos y que a su parecer existen dos alternativas, reprogramar el cronograma de las elecciones judiciales o modificar el cronograma.
"Debemos insistir en la sanción y aprobación de leyes para que los autoprorrogados se vayan a sus casas", precisó Alarcón en una declaración que recoge Erbol.
En ese sentido, aseguró que existe la necesidad de dar una extensión de 30 a 40 días, para no tener que empezar desde cero el proceso, por lo que se tendría que llegar a acuerdos con los postulantes que denunciaron la vulneración de sus derechos.
“De llegarse al pleno de la Asamblea con la nómina de postulantes va a ser difícil aprobar porque ninguna representación política tiene los dos tercios”, precisó el abogado Carlos Alberto Goitia tras asegurar que siguiendo ese panorama no se podrán realizar las elecciones judiciales en el país.
Por su parte, la senadora Andrea Barrientos aseguró que esta semana deberán sesionar en la Asamblea Legislativa para determinar sí se "acepta o cumple la disposición de la Sala Constitucional de Pando".
Cabe resaltar que la última acción popular fue presentada por una dirigente indígena que aseguró sufrir "discriminación" durante su inhabilitación del proceso. La Sala Primera de Pando concedió la tutela asegurando que hubo “vulneración del derecho a la igualdad, tanto de mujeres, como de los pueblos indígenas originarios de este departamento de Pando”.