El asesinato de Aramayo fue en reacción al rechazo de una coima de Bs. 3 millones. Foto: Twitter Capturas
El exdirector del Servicio Nacional de Sanidad Agropeacuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) de Tarija, Mauricio Aramayo, se negó a recibir un soborno de Bs. 3 millones por el sicario M.R.G mejor conocido como El Tuerto. Según el fiscal departamental, José Ernesto Mogro, esto habría sido el motivo del homicidio.
“Tenemos información de que se habría ofrecido 3 millones de Bs al señor Aramayo para aceptar la imposición de personal propuesto por el señor M.R., porque era quien manejaba una estructura dentro del Senasag”, precisó Mogro.
La Fiscalía Departamental de Tarija confirmó el 2 de febrero de 2026 que el asesinato de Aramayo fue ordenado por un contrabandista identificado como Mijail Rodríguez Guarachi, alias "El Tuerto", quien operaba una red de contrabando de granos desde Yacuiba hacia otros departamentos de Bolivia.
Durante la investigación se descartó nexos con el narcotráfico, enfocándose en hipótesis relacionadas con el contrabando y la corrupción en el Senasag.
Esta confirmación se dio tras levantar la reserva del caso, revelando que el crimen no fue al azar, sino planificado y motivado por la negativa de Aramayo a aceptar un soborno de 3 millones de bolivianos para facilitar el contrabando mediante guías de movimiento del Senasag.
El asesinato ocurrió el 8 de enero de 2026 en Tarija, cuando Aramayo fue atacado a tiros mientras se desplazaba en su vehículo.
"El Tuerto" intentó imponer personal en el Senasag para mantener su control, ofreciendo el soborno a Aramayo, quien lo rechazó y recibió amenazas en las oficinas del Senasag, según declaraciones de testigos, amigos, trabajadores y el propio implicado.
Ante la negativa, contrató sicarios en Yacuiba días antes del crimen: los autores materiales llegaron a Tarija el 5 de enero, realizaron un seguimiento de cuatro días a la víctima usando motocicletas y vehículos, planificaron en una "gallera" y pernoctaron fuera de la ciudad.
Los autores materiales del hecho violento fueron identificados como Marcos Adrián Cardona Echeverría, Carlos Alejandro Rojas Peñafiel (trasladó al sicario), José Antonio Humucio Torrico, quien condujo la motocicleta y logística, y José G.R. (dueño del inmueble y logística, procesado también por Ley 1008 por sustancias controladas).
La investigación de la Fiscalía incluyó 11 allanamientos (6 en Yacuiba y 5 en Tarija), secuestrando 15 celulares, 10 DVR, documentación, una caja fuerte, vainas de arma de fuego y sustancias controladas; se tomaron 20 declaraciones y se peritan evidencias.
Previamente, el 29 de enero de 2026, la Fiscalía ya había identificado a tres autores intelectuales bolivianos prófugos, y el 28 de enero confirmó el levantamiento de la reserva, anticipando detalles para el lunes siguiente.
