Intervienen organización de estafas virtuales en Bolivia con víctimas en varios países
La organización estaba "camuflada" como una presunta encuestadora, pero la realidad era otra.
La organización estaba "camuflada" como una presunta encuestadora, pero la realidad era otra.
Una organización dedicada a los delitos virtuales cayó en Bolivia. La Fiscalía de Bolivia detuvo a 117 personas involucradas en las estafas que se hacían desde Santa Cruz de la Sierra.
La fiscal Mirtha Mejía dijo que se trata de una red "internacional" que trabajaba "como empresa fachada", por lo que se aprehendió a nueve personas que son los "encargados" en Bolivia. Mejía también señaló que entre los capturados están un chino, peruano y colombiano, quienes presuntamente eran los encargados de la empresa que también utilizaba "monedas virtuales", prohibidas en Bolivia, como parte de sus operaciones.
Este miércoles la Fiscalía y la Policía allanaron las oficinas de la empresa situada en el residencial barrio de Equipetrol, en Santa Cruz, y que se extendió por varias horas hasta que la mayoría de los arrestados brindaron su declaración fiscal.
El comandante de la Policía de Santa Cruz, Erick Holguín, explicó que la acción se efectuó después de un "trabajo de inteligencia" que identificó a esta empresa que en "fachada" se mostraba como una encuestadora, pero que se dedicaba a los préstamos "gota a gota".
Ese tipo de préstamos informales se consideran un delito debido a que funcionan con tasas de interés muy elevadas seguidas de intimidaciones y agresiones físicas si no se pagan. Entre los funcionarios se encontraban varios estudiantes universitarios que fueron reclutados por la empresa a través de propuestas laborales que se publicaron en las redes sociales.
Los familiares de los jóvenes mencionaron que estos tenían una relación laboral formal, puesto que cumplían con las horas establecidas, el aporte a la seguridad social y el registro de ingreso, por lo que pidieron que "no sean afectados".
Roger Mariaca, el fiscal Departamental de Santa Cruz, señaló que el proceso se sigue por "enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado" y confirmó que la empresa cometía "lícitos" mediante contactos por celulares y redes sociales.