Por: Micaela Sanjines Ordóñez • Bolivia.com

Dictan seis años y tres meses de cárcel para Goni por el caso Petrocontratos

Goni y tres exministros fueron juzgados por los delitos de “incumplimiento de deberes y conducta antieconómica”

Goni debería ser recluido en el penal de Chonchocoro en el municipio de Viacha. Foto: Facebook SEO TV Noticias
Goni debería ser recluido en el penal de Chonchocoro en el municipio de Viacha. Foto: Facebook SEO TV Noticias

Goni y tres exministros fueron juzgados por los delitos de “incumplimiento de deberes y conducta antieconómica”

La Procuraduría General del Estado emitió un comunicado en el que señala que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sentenció al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni), con seis años y tres meses de cárcel.

Según la sentencia emitida en el juicio de responsabilidades, el expresidente debería cumplir la sentencia por el caso “Petrocontratos”. Goni debería ser recluido en el penal de Chonchocoro en el municipio de Viacha en el departamento de La Paz.

“El Tribunal Supremo de Justicia, conformado en su Sala Plena, emitió Sentencia Condenatoria, imponiéndose la pena privativa de libertad a cumplirse en el Centro Penitenciario San Pedro de Chonchocoro de la ciudad de La Paz en contra de Gonzalo Sánchez de Lozada Sánchez Bustamante por seis años y tres meses”, dice el comunicado.

De acuerdo con el reporte de la Procuraduría, los colaboradores de Goni también fueron sentenciados a cinco años de prisión, se trata de tres exministros: Jorge Joaquín Berindoague Alcocer, Carlos Alberto Contreras del Solar y Carlos Alberto López Quiroga.

Es así que tras casi 20 años luego de la presentación de la denuncia del caso “Petrocontratos”, que fue iniciado por el Ministerio Público, Ministerio de Hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, los involucrados fueron juzgados por los delitos de “incumplimiento de deberes y conducta antieconómica”.

“Todos (fueron) juzgados por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, además de quedar inhabilitados por el mismo tiempo para el ejercicio de cargos públicos, así también el pago de multas y costas a favor del Estado; habiéndose demostrado contundentemente a lo largo del juicio la no remisión de los 107 contratos de riesgo compartido al Órgano Legislativo para su respectivo análisis y aprobación, tal cual prescribía la normativa legal vigente en su momento”, señalan desde la Procuraduría.

En ese sentido, el Fiscal General, Roger Mariaca, detalló que se trató de un juicio muy largo que se hizo de manera conjunta con diversas instituciones. El juicio tuvo una duración de siete horas.