La Defensoría reporta que las cárceles de Bolivia tienen hacinamiento superior al 105%

Uno de los principales factores para el hacinamiento en las cárceles sería el “uso excesivo de detención preventiva”

La Defensoría del Pueblo de Bolivia a través de un informe titulado “Alerta temprana sobre la situación de cárceles en Bolivia”, señala que existe un hacinamiento superior al 105% en las cárceles del país. El informe fue presentado por el defensor del pueblo, Pedro Callisaya y elaborado a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de la defensoría.

Es así que a través de este informe la Defensoría del Pueblo de Bolivia determinó también que hasta julio de este año había más de 33.000 personas privadas de libertad, por lo que se plantea limitar el uso de la detención preventiva además de otras medidas “urgentes” ante esta situación que califica como “crítica”.

“La Defensoría del Pueblo, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), ha identificado una situación crítica en el sistema penitenciario que amenaza con profundizarse si no se adoptan medidas urgentes”, señaló Callisaya sobre el hacinamiento en las cárceles.

El documento señala que la población penitenciara mostró un crecimiento sostenido, alcanzando a julio de 2025 un total de 33.058 personas privadas de libertad (PPL), con un hacinamiento superior al 105% a nivel nacional.

De la misma forma, el informe presentado este martes establece que uno de los principales factores para la sobrepoblación en las cárceles de Bolivia es el “uso excesivo de detención preventiva”, ya que el 55,9% de los reclusos está en las cárceles sin haber recibido una sentencia condenatoria.

“La sobrepoblación impide garantizar condiciones mínimas de dignidad, seguridad y acceso a servicios básicos, generando un entorno inhumano e insostenible. Además, la población penitenciaria crece cada año de manera preocupante, sin que existan políticas efectivas para revertir esta tendencia”, dijo el defensor del pueblo.

El reporte señala que la situación es más crítica en el caso del grupo etaria entre 18 a 28 años, donde el porcentaje de detenidos preventivamente en las cárceles es del 75%, lo que según dice el informe, pone en evidencia el uso desproporcionado de esta figura legal.

"Además, refleja el incumplimiento de los estándares internacionales que establecen que la detención preventiva debe ser una medida excepcional", dicen desde la Defensoría del Pueblo.

Otros problemas en las cárceles

En el informe también se mencionan problemas como las muertes violentas dentro de las cárceles. Sumado a esto, se conoce que para atender a más de 33.000 personas recluidas en el país solo existen 45 médicos, 16 odontólogos, 3 psiquiatras y 22 psicólogos.

En los centros penitenciarios también se puede evidenciar una deficiencia en la alimentación, lo que genera conflictos. En ese sentido Callisaya planteó algunas medidas “urgentes”, como limitar el uso de la detención preventiva, el uso de manillas electrónicas y la separación de los reclusos por el tipo de delito.