La defensa de Evo Morales solicita al TSE una indemnización de 1,9 millones de bolivianos

Evo Morales pretende cobrar dicha suma al TSE por haberlo inhabilitado como candidato a senador por Cochabamba en las elecciones de 2020

El expresidente y máximo dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, dio a conocer a través de su abogado defensor que solicitó a la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz que se dé curso a la sentencia constitucional en la que se establece una indemnización de 1.9 millones de bolivianos.

Es así que Evo Morales pretende cobrar dicha suma al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por haberlo inhabilitado como candidato a senador por Cochabamba en las elecciones de 2020.

“Solicitamos respetuosamente se proceda a la calificación y consecuente indemnización económica a favor de Juan Evo Morales Ayma por un total de Bs 1.912.933,59 (Un millón novecientos doce mil novecientos treinta y tres) por concepto de lucro cesante y daño emergente a ser pagado por el Tribunal Supremo Electoral”, dice la demanda presentada por Wilfredo Chávez, el exprocurador del Estado.

Morales argumentó que esta inhabilitación le causó un daño económico, lucro cesante y daños inmateriales; es decir, traumas o daños emocionales, según reveló el periodista Pepe Pomacusi, en radio Éxito.

Por su parte Unitel, pudo acceder al documento en el que el expresidente reclama por los sueldos que hubiera recibido en un periodo de cinco años, aguinaldos, días de vacaciones, gastos judiciales y la redacción de un amparo constitucional, además de los honorarios profesionales.

Tras la emisión de la sentencia que declaró inconstitucional la inhabilitación de la candidatura de Morales y dispuso el pago de una indemnización económica, Morales afirmó que no buscaba cobrar dicha indemnización, pues, solo le interesaba “saber quien dio la orden” para su inhabilitación.

Sin embargo, ahora la defensa de Morales dirigida por el exprocurador, Wilfredo Chávez, presentó una “solicitud del daño consecuente” y señala que la pérdida y los gastos están cerca de 2 millones de bolivianos.

Es así que, por su parte, la Sala Constitucional Segunda de La Paz habilitó un periodo de prueba de 10 días para que la parte accionante pueda demostrar la “pérdida o disminución patrimonial que haya sufrido la parte damnificada como consecuencia del acto ilegal cometido en su contra”.