La Fiscalía amplió la denuncia contra Camacho por tres nuevos delitos en el marco del caso Golpe de Estado I

Este viernes se supo que el Ministerio Público, dentro de la investigación contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el caso Golpe de estado I, se amplió la acusación por los delitos de financiamiento al terrorismo, seducción de tropas y cohecho.

El abogado defensor de la autoridad cruceña, Martín Camacho, fue quien informó sobre la ampliación de los delitos en contra del gobernador, quien actualmente es procesado en el marco del cado Golpe de Estado I.

“Se ha ampliado los delitos penales al gobernador Camacho, al fin el Ministerio Público decidió ampliar los delitos más allá de los delitos que se han solicitado en otras instancias”, dijo el jurista.

Camacho declaró este viernes ante la Fiscalía, por sus revelaciones de que su padre, José Luis, mantuvo una reunión y pactó en 2019 con policías y militares para evitar el respaldo al gobierno de Evo Morales. Este hecho fue considerado como un acelerador para el denominado golpe de Estado.

Sobre la ampliación, el defensor de Camacho asegura que se evidenciaron irregularidades procesales que perjudican la investigación, además señaló que el Ministerio Público no validó la convocatoria a los testigos que fueron ofrecidos por la defensa del gobernador.

De acuerdo con Martín Camacho, el delito de terrorismo, uno de los que se le acusa a la autoridad, podría ser considerado inconstitucional, por lo tanto, el Ministerio Público pretende ampliar los delitos penales.

Camacho debía declarar este viernes por los delitos de seducción de tropas y cohecho, sin embargo, la autoridad decidió acogerse al silencio.

Recordemos que Camacho permanece detenido preventivamente en la cárcel de Chonchocoro, luego de que el 28 de diciembre del 2022 fuera aprehendido en la ciudad de Santa Cruz y trasladado hasta el departamento de La Paz, donde se desarrolla el proceso por el cual, él y otras autoridades son sindicadas.

Cabe recalcar que el caso Golpe de Estado I fue iniciado luego que de que exdiputada Lidia Patty presentara una denuncia en contra de actores cívicos y políticos de oposición entre ellos, la expresidenta, Jeanine Añez y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.