La exgerente Delgadillo aseguró que la decisión "fue injusta" debido a la forma de su captura. Foto: Twitter Captura video.
Por usurpación de funciones, incumplimiento de deberes y presunta corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fue enviada a la cárcel de Palmasola durante 90 días, Gabriela Delgadillo, mientras continúan las investigaciones del caso.
Delgadillo se abstuvo de declarar en su audiencia inicial y su defensa, liderada por el abogado Ariel Góngora, alegó que la aprehensión fue irregular y que se trata de una persecución política, argumentos que fueron rechazados por el juez.
Este miércoles 18 de febrero, durante la audiencia de medidas cautelares, un juez determinó 90 días de detención preventiva en el penal de Palmasola, argumentando riesgos de fuga y obstaculización de la investigación por parte de Delgadillo.
El fiscal Daniel Ortuño sostuvo que Delgadillo usurpó funciones al firmar documentos y contratos como vicepresidenta de YPFB sin haber sido designada formalmente en ese cargo, pese a que su rol oficial era gerente de Comercialización de Combustibles.
Esta acción se considera una irregularidad clave, ya que implicó decisiones administrativas y firmas en operaciones observadas sin la autoridad legal correspondiente.
La Fiscalía presentó elementos recolectados que respaldan estos cargos, y solicitó la detención preventiva, que fue concedida en la cárcel de Palmasola.
“Ella ha cumplido diferentes cargos dentro de YPFB, entre ellos gerente de Comercialización de Combustible. Y en el desarrollo de esa función, de acuerdo a los elementos recolectados, venía usurpando funciones, en el sentido de que firmaba como vicepresidenta de YPFB”, precisó el fiscal Daniel Ortuño, quien reveló los detalles del caso.
Botrading I y II
Delgadillo está directamente vinculada al caso Botrading, una investigación más amplia por corrupción en YPFB que se divide en Botrading I y II, iniciada en 2025 y ampliada recientemente a otros funcionarios de la YPFB.
Este caso indaga irregularidades en la creación de la subsidiaria Botrading, con sede en Paraguay, para la importación y comercialización de combustibles, involucrando contratos por más de 776 millones de dólares adjudicados sin licitación pública.
Delgadillo fue convocada inicialmente como testigo en septiembre de 2025, donde se mostró dispuesta a colaborar, pero posteriormente fue imputada por incumplimiento de deberes junto a otros ex ejecutivos, incluyendo al expresidente de la YPFB, Armin Dorgathen.
La investigación es liderada por la Fiscalía Anticorrupción y la Comisión de la Verdad de los Hidrocarburos, que ha presentado denuncias complementarias en enero de 2026, incluyendo 12 contratos suscritos entre Botrading y YPFB, e imputaciones a nueve personas.
