Por: Micaela Sanjines Ordóñez • Bolivia.com

La Gobernación de La Paz promulgó una ley para honrar la memoria de las víctimas de las protestas en Senkata

La norma declara el 19 de noviembre el “Día de Reivindicación de los Derechos Humanos en reconocimiento y honra a la memoria de las víctimas de 2019”

Esta norma forma parte del cumplimiento de las recomendaciones del GIEI. Foto: Cámara de Senadores
Esta norma forma parte del cumplimiento de las recomendaciones del GIEI. Foto: Cámara de Senadores

La norma declara el 19 de noviembre el “Día de Reivindicación de los Derechos Humanos en reconocimiento y honra a la memoria de las víctimas de 2019”

La Gobernación del departamento de La Paz, promulgó esta semana la Ley Departamental 227 de Reivindicación y Dignificación para las Víctimas de la Masacre de Senkata. La norma declara el 19 de noviembre el “Día de Reivindicación de los Derechos Humanos en reconocimiento y honra a la memoria de las víctimas de 2019”.

La información fue divulgada por el activista de los Derechos Humanos, David Inca, quien asegura que esta norma forma parte del cumplimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“Esto nos va a ayudar mucho en el sentido de que se está cumpliendo una recomendación, la recomendación tercera del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) que dice que se tienen que hacer actos de dignificación, y he aquí el que está dando el primer paso, en nivel de Gobernación”, dijo el activista.

Los familiares y víctimas de los hechos registrados en Senkata se reunieron en las instalaciones de la Parroquia San Francisco de Asís en la zona de Senkata, junto a autoridades departamentales, para celebrar la promulgación de la “Ley de Reivindicación y Dignificación para las Víctimas de la Masacre de Senkata”.

La norma conmemora a las víctimas de las protestas de noviembre de 2019, luego de que el expresidente Evo Morales presentara su renuncia. Las protestas habían llegado a su punto más álgido u el poder paso a manos de Jeanine Añez, quien fue respaldada principalmente por la oposición.

Las protestas continuaron acrecentándose y el Gobierno aprobó la intervención de militares, pues los actos fueron considerados terroristas. Fue así como el 15 de noviembre 11 civiles perdieron la vida en Sacaba y el 19 de noviembre otras 11 personas perdieron la vida en Senkata.

En ese sentido el Gobierno afirmó que las personas que habían fallecido en las protestas habían “muerto con escopeta, con balas calibre 22, con dinamita” es decir, señalaron que habían sido asesinados por sus mismos compañeros.

Las protestas habían avanzado hasta la Planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Senkata donde se produjeron atentados. Debido a esto el fiscal General del Estado, también explicó que el IDIF había concluido que los manifestantes habían usado bombas molotov y dinamita en la planta.

Cabe señalar que el 10 de diciembre de 2019 la CIDH concluyó que las muertes de civiles ocurridas en las ciudades de Senkata y Sacaba fueron parte de una “masacre”, pero en por el contrario el IDIF demostró que en las protestas se había usado armamento bélico.

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