La Fiscalía imputa a Camacho, Cuellar, Calvo, Vargas y Santisteban por el paro de 36 días

Este jueves el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuellar, informó que la Fiscalía emitió la ampliación de la imputación formal por el caso del paro de 36 días por el Censo de Población y Vivienda.

Además de Cuellar, los imputados son el gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; el expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo; el vicerrector de la UAGRM, Reineiro Vargas y el asesor legal del Comité Interinstitucional, José Luis Santistevan.

Hay que saber que el Ministerio Público presentó la resolución de ampliación de imputación formal en contra de los promotores del paro de 36 días que se llevó a cabo en Santa Cruz debido a la exigencia de la realización del censo para 2023.

Los imputados son investigados por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, resoluciones contrarias a la Constitución, racismo, discriminación, atentados contra la libertad de trabajo, asociación delictuosa, perturbaciones, entre otros.

De acuerdo con Santistevan, en el mes de abril, el Ministerio Público imputo a Luis Fernando Camacho, sin embargo, en esta ampliación se incluye a otros cuatro líderes cruceños.

Ahora se supo que, desde la Fiscalía, piden que, a los imputados por una serie de delitos en el marco del paro por el censo, se les otorgue detención domiciliaria, arraigo y una fianza de 50 mil bolivianos.

Cabe señalar que el proceso fue activado el 11 de noviembre de 2022 por el ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta, por lo que el caso se lleva adelante en el departamento de La Paz a pesar de que los sucesos relacionados con el paro se registraron en Santa Cruz.

El caso

Entre los meses de octubre y noviembre de 2022, los líderes cruceños, entre ellos Luis Fernando Camacho impulsaron el paro indefinido que duró 36 días, para pedir al Gobierno que el Censo de Población y Vivienda se lleve a cabo en 2023.

Durante los 36 días, la población cruceña bloqueo puntos estratégicos, impidió el paso de vehículos y paralizó el departamento que es considerado el motor económico de Bolivia.

Sin embargo, finalmente los manifestantes aceptaron la propuesta del Gobierno Nacional de que un estudio técnico defina la fecha del censo. La fecha fue fijada para el 23 marzo de 2024.