La ley de arraigo alcanza a Luis Arce: sin permiso de viaje al exterior hasta 2026

Bolivia tiene la Ley de Arraigo vigente tras la polémica en redes sociales sobre supuesta huida de los funcionarios. 

Ante las posibles denuncias por una supuesta "fuga" de las autoridades del Gabinete de Luis Arce, la ministra de Presidencia, María Nela Prada, reveló que la Ley de Arraigo en Bolivia sigue vigente y que aplica para todos los funcionarios del Gobierno saliente.

“Quienes terminan su gestión no pueden viajar hasta tres meses después”, precisó Prada en una declaración que recoge El Diario tras la polémica que se generó. 

Prada aseguró que en el país no se necesita la aprobación de otra normativa de Ley de Arraigo porque desde 2020 existe una norma que condiciona a todas las autoridades salientes a permanecer en el territorio nacional por un periodo de tres meses al finalizar su mandato. 

En ese sentido, aclaró que el presidente Luis Arce cumplirá con entregar el mando a quien resulte ganador en la segunda vuelta de las Elecciones en octubre. 

¿Quiénes han renunciado del Gabinete?

El exgerente de Gestora Pública, Jaime Durán, el exgerente de Emapa, Franklin Flores y el expresidente de YLB, Omar Alarcón ha renunciado a sus cargos en la previa de la segunda vuelta de las elecciones en Bolivia. Esto generó que los diputados de oposición hicieron un llamado de atención a activar la Ley de Arraigo. 

“En vista a la cantidad de renuncias de ministros y máximas autoridades ejecutivas del oficialismo, he remitido una Minuta de Comunicación, para que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados inste a la Fiscalía a disponer el arraigo de las autoridades en ejercicio y exautoridades del Gobierno de Luis Arce”, precisó Janira Román, diputada de Comunidad Ciudadana (CC). 

En ese mismo orden de ideas, el diputado oficialista, Rolando Cuéllar, solicitó ante la Fiscalía General del Estado que se cumpliera con la Ley 1352, norma en la que se dispone que el Presidente y todo su Gabinete tienen que permanecer en el territorio nacional tras cesar su mandato. 

Cuéllar argumentó que la medida se busca para evitar la impunidad en presuntos casos de corrupción, como el sobreprecio en la compra de combustibles y las polémicas con el litio en Bolivia. 

El Comité Cívico de Santa Cruz, apoyó la solicitud, pidiendo que la alerta migratoria se extienda también al "círculo inmediato y familiar" de las autoridades, alegando que "muchos negociados se convirtieron en clanes familiares", sin especificar casos concretos como el de los hijos del presidente Arce.