El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura presentó un informe en el que recomienda cerrar el penal de San Pedro

La Defensoría del Pueblo, como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura recomienda cerrar la cárcel de San Pedro que está ubicada en el centro de la ciudad de La Paz, y así iniciar la construcción de un nuevo centro carcelario “acorde a las necesidades de la población privada de libertad”.

Esta es una de las recomendaciones del informe anual que en total tiene 30 recomendaciones para el Estado, con el fin de “precautelar el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el país en cuanto a las personas privadas de libertad”.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el informe contiene resultados de 273 visitas que fueron realizadas por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura a distintos centros penitenciaros, celdas policiales, centros de reintegración social, centros de acogimiento para menores, hospitales psiquiátricos y centros de formación militar.

Durante las visitas el Mecanismo pudo evidenciar la situación en la que viven las personas que permanecen en estos recintos, por lo que tras esta revisión se pudieron emitir las recomendaciones que pretender dar respuestas a problemas urgentes.

Entre otras recomendaciones figura la solicitud de evaluación del abuso que existe en la figura de la detención preventiva, siendo esta una de las causas para el hacinamiento carcelario que existe en todos los recintos penitenciarios del país.

Estas recomendaciones van dirigidas al Ministerio de Gobierno, a la Dirección General de Régimen Penitenciario, direcciones departamentales de Régimen Penitenciario, Ministerio de Salud y Deportes, Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Consejo de la Magistratura, Ministerio de Defensa y al Comando General de la Policía Boliviana.

Cabe señalar que Bolivia a través de la firma de distintos tratados está obligada a contar con una instancia independiente que examine periódicamente el trato y las condiciones de vida de las personas que permanecen privadas de libertad o que están en custodia del Estado

Las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo apuntan a aplicar de manera correcta y óptima las políticas carcelarias, además de mejorar la administración de justicia y trabajar en políticas de reinserción social. También se busca crear mejores condiciones en los centros penitenciarios.