La mayor región de Bolivia rechaza que el censo nacional se aplace para 2024

Instituciones del departamento boliviano de Santa Cruz, el más poblado y motor económico del país, rechazaron la postergación del censo de población y vivienda que debía realizarse el 16 de noviembre, y pidieron procesos penales contra los "responsables" técnicos y políticos de esa decisión.

"Repudiamos enérgicamente la postergación del censo propuesta sin los argumentos técnicos y jurídicos" y exigimos "procesos penales por incumplimiento de deberes a los responsables políticos y técnicos", indicó la resolución leída por el rector de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar.

El Consejo Nacional de Autonomías, conformado por autoridades del Ejecutivo Nacional, gobernaciones y municipios, aunque sin la presencia del gobernador Camacho, recomendó la postergación de la encuesta hasta mayo o junio de 2024.

Las razones que justificaron esta decisión fue que se identificaron algunas dificultades que "afectarían el proceso censal" como la pandemia, la socialización de la boleta, la incorporación de idiomas originarios o una adecuada cartografía estadística, entre otros motivos.

El presidente Luis Arce confirmó luego que el consejo decidió "reprogramar" para 2024 el censo con la intención de que "sea una verdadera herramienta de planificación nacional, departamental y municipal".

Sin embargo, los representantes cruceños aseveraron que el Consejo Nacional de Autonomías "no tiene competencia" para decidir sobre la postergación de la consulta y que a pesar de la explicación "no se ha conocido ningún argumento técnico" para justificar el aplazamiento.

El Gobierno boliviano fijó hace un año el 16 de noviembre de esta gestión como la jornada en que debía celebrarse el censo con una financiación de unos 68 millones de dólares y anticipó que los resultados oficiales se iban a conocer en 2023.

Sin embargo, el proceso tropezó en junio pasado con la renuncia del director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Humberto Arandia, a quien Arce rechazó su dimisión, y luego de la entonces ministra de Planificación, Gabriela Mendoza.

La senadora Centa Rek, de la opositora Creemos, consideró que el aplazamiento del censo hasta 2024 implica que la presentación de los resultados se hará oficial un año después, cuando se celebrarán las elecciones generales, con lo que es posible que "sea el próximo gobierno el que tome y que pueda transparentar los datos" de la consulta.

Santa Cruz es la región que más ha insistido con la realización de la encuesta debido a que de ella dependen aspectos como una nueva distribución de recursos según la población y la asignación de cuotas de representación política en el Parlamento.

Sin embargo, otras organizaciones como el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), que agrupa a plataformas ciudadanas de oposición, consideraron que la medida "debe ser revertida" y el censo debe realizarse "impostergablemente" el próximo año.

El censo más reciente que tuvo Bolivia fue el de 2012.