Los familiares de Justino Apaza aseguran que "fue secuestrado" tras su aprehensión. Foto: Twitter Capturas videos.
La aprehensión del dirigente Justino Apaza se confirmó durante este miércoles 3 de junio, luego de que el dirigente asegurara de que los bloqueos continuarían en las ciudades de El Alto y La Paz.
En un contexto de alta tensión social y política en Bolivia, la aprehensión de Justino Apaza, presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz, ha generado fuertes reacciones. Las autoridades lo vinculan directamente a las movilizaciones y bloqueos en las vías que, desde hace semanas, mantienen cercada a la sede de gobierno.
La Fiscalía de La Paz, a través de una Comisión de Fiscales especializada en Delitos de Corrupción, Tributarios y Legitimación de Ganancias Ilícitas, emitió orden de aprehensión contra Apaza por delitos como instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, financiamiento al terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos.
Estas acusaciones se basan en una denuncia del Ministerio de Gobierno. La familia del dirigente de Fejuve denunció "secuestro" por parte de las autoridades, debido a que fue aprehendido por un grupo de funcionarios que no se identificaron y que no llegaron con órdenes legales en las manos.
“Hay videos y testigos que dicen que a mi esposo se lo han llevado por la fuerza. Quiero saber dónde está y por qué se lo han llevado”, precisó la esposa de Apaza en una cita que recoge El Diario este jueves 4 de junio.
La Fiscalía ha mantenido una postura firme los bloqueos no solo afectan la libre circulación, sino que configuran delitos graves cuando generan desabastecimiento sistemático y riesgos a la población. Hasta el momento, Apaza permanece en celdas de la FELCC mientras se define su declaración informativa.
La Fiscalía indaga el origen de recursos para sostener bloqueos prolongados durante tanto tiempo en Bolivia y si existe legitimación de ganancias ilícitas.
Aunque Justino Apaza y sus simpatizantes sindicales defienden las movilizaciones como derecho a la protesta, las autoridades sostienen que cuando se cruza la línea del daño colectivo sistemático, se configura un delito. No se han presentado hasta ahora pruebas públicas definitivas sobre fuentes externas de financiamiento, pero la investigación sigue abierta.
Hay que resaltar que la detención de Apaza, quien días antes apareció públicamente junto al dirigente de la COB Mario Argollo llamando a “aguantar”, intensifica el conflicto. Sus seguidores exigen libertad inmediata y denuncian persecución política.
