La justicia determino dar otros seis meses de detención preventiva para Camacho por el paro de 36 días en Santa Cruz

Este viernes, el juez anticorrupción Helmer Laura, determinó dar detención preventiva por seis meses al gobernador Luis Fernando Camacho, por el caso de los 36 días de paro en Santa Cruz. Camacho también debe cumplir otros cuatro meses de detención por el caso Golpe de Estado I.

Esta semana el mismo juez, determinó ampliar la detención preventiva del gobernador por el Caso Golpe de Estado I, pues además la Fiscalía amplió la acusación contra la autoridad por otros seis delitos.

Tanto la detención por el paro de 36 días, como por el caso Golpe de Estado I, deberán ser cumplidas en el penal de Chonchocoro, pues ambos casos se llevan adelante en el departamento de La Paz. Además de esto, desde finales de 2022 Camacho permanece en el penal de máxima seguridad.

El abogado defensor de la autoridad departamental, Martín Camacho, denunció que en la audiencia que se instaló el jueves por la tarde, el Ministerio Público no detalló los delitos por los que se le procesa. En ese sentido el jurista señaló que se presentó un recurso de apelación y una serie de excepciones, sin embargo, la autoridad continúa detenido.

A pesar de estos detalles, se sabe que Camacho es acusado de los delitos de: Incitación pública a delinquir, organización criminal, atentado contra bienes públicos, violencia política contra mujeres, atentado contra la libertad del trabajo, racismo, discriminación y otros.

Cabe recalcar que Camacho no es el único investigado en el marco de este caso, también figuran diversas autoridades entre ellas el exlíder cívico, Rómulo Calvo; el rector de la Universidad Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuellar; el vicerrector, Reinerio Vargas; y el asesor legal del Comité Interinstitucional, José Luis Santistevan.

El proceso fue iniciado luego de que el máximo dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Juan Marcelo Mayta, presentara una demanda en contra de los que considera son los responsables de los daños provocados por el paro cívico por el Censo de Población y Vivienda.

En ese sentido, la justicia admitió el caso y decidió que radique en La Paz y no así en Santa Cruz, a pesar de que los presuntos delitos fueron supuestamente cometidos en la ciudad cruceña y no así en la Sede de Gobierno.