El presidente del TSJ confirmó que hay avances en el diálogo con el Gobierno. Foto: Twitter Capturas videos.
La presión institucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) era notoria luego de que amenazaran con irse a paro judicial. ¿Por qué? ¿Cuáles eran las exigencias? Esto es lo que se sabe hasta ahora y los avances del diálogo.
“Lastimosamente, los que respetamos la institucionalidad, los que respetamos el Estado de Derecho, los que somos garantes de una justicia en el país, no somos atendidos. Pero a los que bloquean, los que paran, los que dejan de trabajar, a ellos sí los atienden”, precisó el presidente del TSJ, Romer Saucedo.
Esta medida surgió ante la falta de respuesta a demandas históricas de mayor presupuesto y reformas normativas, en medio de una crisis crónica del sistema de justicia que incluye mora judicial, denuncias de corrupción y limitaciones operativas.
Saucedo detalló la escalada prevista: “Si no somos atendidos, iremos al paro inicialmente por 24 horas, posteriormente 48 horas, 72 horas y si es necesario, llegaremos al paro indefinido de la justicia en Bolivia con la finalidad de conseguir la atención que merece nuestra institución como Órgano del Estado”.
Presupuesto insuficiente
El detonante principal fue el presupuesto insuficiente. Actualmente, el Órgano Judicial recibe alrededor del 0,35% del Tesoro General de la Nación que sería el equivalente a unos 1.100 millones de bolivianos anuales, muy por debajo del promedio regional del 3,8% según datos del Banco Mundial y de la aspiración judicial del 5% para operar con autonomía.
Las autoridades judiciales argumentan que este recorte limita la modernización tecnológica, la contratación de personal, la atención en provincias y la eficiencia general. Saucedo enfatizó: “Si vamos a hablar de reforma en la justicia, la reforma se hace con plata, con recursos, no se puede hacer reformas con buenas intenciones”.
Reacciones del Gobierno
El Gobierno de Rodrigo Paz calificó inicialmente la amenaza del TSJ como “inaudita” y “reprochable”. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, señaló que la crisis judicial “no se soluciona con un paro” y llamó al diálogo, aunque reconoció la disposición a discutir pese a la crisis económica heredada.
Las tensiones se desinflaron rápidamente en el Órgano Judicial. El 1 y 2 de julio se instalaron mesas de diálogo técnico. El Gobierno accedió a mejorar el presupuesto para 2026, con un incremento reportado entre el 40% y 50% en recursos para el sistema judicial, según confirmaciones del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Romer Saucedo, tras las primeras reuniones, valoró la apertura: el Ejecutivo mostró predisposición y se trazó una “ruta crítica” basada en el diálogo. Sin embargo, el Órgano Judicial mantiene su reclamo de fondo por el 5% y seguirá insistiendo en las reformas normativas.
“Hay predisposición del Ejecutivo de atender las demandas que tenemos como órgano del Estado, pero también hay la predisposición de nosotros de poder solucionar esto con base en una ruta crítica que primero había que agotar la vía del diálogo...", apuntó Saucedo tras brindar una conferencia de prensa.
