Un juez dicta prisión preventiva por abuso laboral contra menores en Bolivia

Un juez de Bolivia decretó prisión preventiva para cuatro ciudadanos chinos acusados de explotar laboralmente a cerca de medio centenar de trabajadores de distintas nacionalidades, entre ellos varios menores. 

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz, la región boliviana donde fue descubierta una fábrica "irregular" de calzado, informó este martes de la detención preventiva de Kaijin W. de 32 años, Aiying Y. de 42, Ye L. de 30 y Jinlong L. de 52. 

Los cuatro fueron acusados por el delito de trata y tráfico de personas con fines de explotación laboral, "debido a que tenían trabajando a personas de diferentes nacionalidades en un inmueble donde se encontraban privados de libertad y no contaban con las condiciones para vivir", según un comunicado de la Fiscalía. 

El Juzgado Segundo de Instrucción Cautelar de Santa Cruz determinó su detención preventiva en el penal de Palmasola de esta ciudad, la mayor de Bolivia. 

“Como Ministerio Público se presentaron todos los elementos colectados hasta la fecha, entre ellos el informe de la intervención policial, declaraciones de las víctimas, muestrario fotográfico de las condiciones en las que trabajaban, por ello el juez determinó la detención preventiva para los cuatro cuidanos chinos”, indicó la representante de la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Trata y Tráfico de personas, Angélica Vallejos. 

El pasado 28 de octubre una de las víctimas, Marco S.G., denunció en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la Policía Boliviana que los ciudadanos chinos no le pagaron por su trabajo y logró escapar, porque se encontraba privado de libertad junto a otras personas, de acuerdo al relato de la Fiscalía. 

La Policía y la Fiscalía intervinieron un domicilio de la ciudad y encontraron a 48 personas, entre ellas nueve menores de edad, que trabajaban privados de libertad en condiciones inadecuadas, según el comunicado. 

Los ciudadanos chinos contrataban de manera ilegal a personas de diferentes nacionalidades, sin que la Fiscalía especifique de qué países, y les pedían que trabajaran durante todo el día con la promesa de que se les pagarían una vez concluido el contrato.