Carlos Mesa ingresó a declarar por caso Quiborax en Sucre

El expresidente Carlos Mesa y su abogado Carlos Alarcón ingresaron a la Fiscalía General a las 8:31 de este martes para responder a la proposición acusatoria de la procuraduría general por el caso Quiborax.

El exmandatario llegó acompañado de su abogado, según el reporte del diario Correo del Sur, un grupo de personas le expresaron su apoyo fuera del edificio con pancartas y banderas.

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Ayer, el expresidente Carlos Mesa presentó una denuncia en contra del exprocurador y actual ministro de Justicia, Héctor Arce; el ministro de Minería, César Navarro; el procurador, Pablo Menacho y la exprocuradora Elizabeth Arismendi, por los presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes por el caso Quiborax.

Acusaciones

El memorial del expresidente también solicita que se pida tres informes a la Procuraduría General sobre procesos internos que se realizaron desde 2008 hasta este año; asimismo plantea como testigos a las personas que actuaron como acusados en esos procesos internos.

Las acusaciones que pesarían en contra de las actuales autoridades son: conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, y el memorial hace referencia a los actos que se realizaron en la gestión de cada uno de ellos.

Las irregularidades serían que el Gobierno pudo negociar un pago de 3 millones en 2008 que hubiera terminado el proceso, pero el Gobierno del MAS no lo hizo. Además, señaló que hay un acta falsificada en la tramitación del arbitraje, y una reunión entre ejecutivos de la empresa chilena y la Procuraduría antes del fallo.

De hecho, hasta el momento, la Fiscalía solo convocó a Carlos de Mesa y ayer se conoció de la declaración de Elizabeth Arismendi, que fue ministra de Defensa Legal del Estado entre 2010 y 2011.

Antecedentes

En 2018, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, después de nueve años de conflicto legal, determinó que Bolivia debía pagar 48,6 millones de dólares a la chilena Quiborax pór el despojo de la posesión que tenía en el salar de Uyuni y pese a las apelaciones, el fallo no fue revertido.

Al final, en Bolivia se acordó el pago de 42,6 millones y que fue anunciado por el propio Ministerio de Minería.

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