Departamento de Justicia de EEUU se compromete a acelerar revisión de nuevo exhorto contra Goni

La solicitud presentada también incluye a los exministros, acusados por genocidio y otros delitos en la denominada Masacre de Octubre Negro de 2003, informaron fuentes oficiales.

"Hemos sostenido una reunión con la Fiscal General Adjunta de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos (Leslie R. Caldwell) para explicarle las razones por las cuales se ha presentado un segundo exhorto de extradición de Sánchez de Lozada. Ella se ha comprometido a dar agilidad a la revisión de los documentos, conforme al trabajo que realizan en esa instancia", informó la ministra de Justicia de Bolivia, Sandra Gutiérrez.

La autoridad boliviana señaló que a la visita protocolar asistió el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero; y el representante de negocios de Bolivia en Estados Unidos, Freddy Berzati.

En dicha oportunidad, el Fiscal General del Estado expuso su preocupación para que ese tema sea resuelto lo antes posible, ya que se trata un caso de vulneración de derechos humanos y de delitos de lesa humanidad.

Gutiérrez dijo que la representante del Departamento de Justicia del país norteamericano pudo comprender la preocupación del Gobierno boliviano sobre el caso, que desde hace más de diez años no puede ser resuelto.

"La autoridad norteamericana ha podido entender la magnitud del caso y nuestra preocupación como Gobierno de dar celeridad al mismo y de esa manera poder brindar una respuesta a nuestra población, en especial a las víctimas que claman justicia", indicó la Ministra de Justicia.

La comisión boliviana, compuesta por autoridades y víctimas de Octubre Negro, que viajó a Washington, entregó en horas de la mañana de este jueves el segundo exhorto de extradición del ex presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, y sus entonces ministros Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague, acusados por los delitos de genocidio, homicidio, vejaciones y torturas, lesiones gravísimas, lesiones graves y leves, privación de libertad y allanamiento de domicilio.

El primer pedido de extradición fue rechazado por el Departamento de Estado estadounidense en septiembre de 2012, debido a que los delitos por los cuales se les acusaba a esas ex autoridades no eran compatibles con su normativa vigente.
ABI