El acoso político hacia las mujeres sigue como un tema pendiente en Bolivia

El acoso y la violencia política hacia las mujeres sigue siendo un tema pendiente en Bolivia, a pesar de los avances que se han logrado en entidades estatales como el Parlamento, asambleas departamentales o concejos municipales.

En el encuentro "Cumbre contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres", realizado este miércoles, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, se refirió a la urgencia de "llevar acciones" para desarrollar "mecanismos preventivos, de educación y sanción" contra la violencia política hacia las mujeres.

Este encuentro tiene como antecedentes nueve grandes reuniones, una por cada departamento del país, en las que se recogieron testimonios de mujeres afectadas donde se desnudaron casos de amenazas, hostigamiento, persecución, secuestros inclusive asesinatos como manifestaciones "extremas" y "complejas" contra las mujeres que desempeñan funciones políticas y públicas, remarcó la representante en Bolivia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Luciana Mermet.

Mermet lamentó que a pesar de que la Ley Contra el Acoso y la Violencia Política cumplirá pronto una década en vigencia, esta "no se ha aplicado a cabalidad" y requiere "un abordaje más integral".

Por su parte, Hassenteufel reconoció que muchos de los principios legales relacionados con la lucha contra estos delitos "no han sido asumidos con la suficiente entereza" y que eso se plasma en hechos a diario "contra la dignidad de las mujeres".

Esta mujer aimara contó que "hay muchas denuncias" por casos de acoso y violencia política que "se quedan en papeles", además, se tropieza con los costos de un examen forense cuando se decide denunciar o la actitud de funcionarios policiales o civiles que piden evidencias físicas de una agresión para seguir un trámite.

"Muchos casos" de acoso y violencia política se producen en jurisdicciones en las que hay "ausencia institucional" y donde no existe presencia de la Fiscalía o de un juez.

Muchos de estos abusos se manifiestan como si fueran acuerdos de lealtad por trabajo o licencias indefinidas cuando en realidad son casos de acoso y violencia política en los que las autoridades mujeres "son obligadas a renunciar".

En los 10 años de vigencia de la ley que condena este tipo de agresiones a mujeres en función política o pública se registraron casi 700 denuncias de distinta índole tanto psicológicas como físicas.

El caso más emblemático fue la muerte violenta de la concejal Juana Quispe, hace una década, y que terminó por impulsar la promulgación de la ley que sanciona los hechos de acoso y violencia política.