Bolivia supera los mil sismos en 2024: ¿Estamos preparados?

Desde sismos menores hasta alarmantes, el país se enfrenta al desafío de fortalecer su capacidad de respuesta ante desastres.

No ha sido un año fácil para el país ni en materia política, ni social y mucho menos ambiental, teniendo en cuenta las sequías, incendios inéditos y la frecuencia sísmica. Bolivia cerrará el 2024 con más de mil sismos registrados, marcando un promedio superior a 90 movimientos por mes, según el Observatorio San Calixto. Entre enero y noviembre se reportaron 1.444 eventos telúricos, siendo enero el mes más activo con 164 temblores.

Potosí lideró las estadísticas con 1.117 sismos (77% del total), mientras que Cochabamba, aunque menos frecuente, presentó movimientos de baja intensidad pero a menor profundidad. Aunque la cantidad de sismos fue inferior a años anteriores, algunos eventos de magnitud a mediados de año encendieron las alarmas, incluyendo repercusiones de un movimiento en el sur de Chile.

Ante este panorama, el Observatorio San Calixto intensificó acciones de preparación en conjunto con el Viceministerio de Defensa Civil. Una de las principales iniciativas es la modernización del proyecto “Educientistas”, que incluirá una aplicación móvil desarrollada con la Unifranz de El Alto.

Esta herramienta, diseñada para informar a la población sobre cómo actuar ante un sismo, estará disponible incluso sin acceso a internet. Además, se programan simulacros en alianza con la Alcaldía de La Paz para fortalecer la respuesta ciudadana.

En el ámbito legislativo, la bancada de Comunidad Ciudadana presentó el proyecto de Ley de Emergencia Sísmica, liderado por el senador Santiago Ticona. La propuesta busca mejorar la preparación nacional frente a sismos, inspirada en experiencias pasadas como las de Aiquile y Sucre. Este proyecto incluye la verificación de la resistencia sísmica de las construcciones, convenios con organismos internacionales y medidas académicas para concienciar sobre el riesgo sísmico.

El senador Ticona subrayó la urgencia de actuar ante el peligro latente, instando al gobierno a evitar obstáculos para su implementación. La financiación dependerá del Ministerio de Economía y Defensa, complementada con acuerdos entre gobiernos locales y organizaciones internacionales para optimizar recursos y reducir costos. La meta es consolidar una estrategia nacional de prevención para el 2025.