La Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra la suegra de Luis Revilla por legitimación de ganancias ilícitas

El Ministerio Público, emitió una orden de aprehensión en contra de Elizabeth J. A., madre de Maricruz Rivera, esposa del exalcalde de la ciudad de La Paz, Luis Revilla. Elizabeth J. A., es investigada por presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas.

De acuerdo con un reporte de La Razón, la suegra de Revilla es investigada en el marco del proceso en el que está involucrado el exalcalde paceño. Según el medio, en la investigación se detectó que la madre de Maricruz Rivera habría realizado movimientos bancarios “sospechosos” y venta de inmuebles.

“Se ha establecido la existencia de suficientes elementos de convicción de que la sindicada es con probabilidad autora del ilícito investigado, tomando en cuenta que de acuerdo al informe de Inteligencia Financiera (UIF) y los informes de las entidades bancarias donde señala que la ciudadana Elizabeth J. A. tendría operaciones sospechosas y giros del extranjero relevantes, de países exóticos desconociendo los vínculos que tendría la sindicada con las empresas extranjeras”, dice una parte del documento al que accedió La Razón.

En ese sentido, la fiscal Jenny Benítez emitió una orden de aprehensión contra la suegra del exalcalde, en el marco del proceso por legitimación de ganancias ilícitas. Es así que Elizabeth J. A., fue trasladada a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la ciudad de La Paz.

Revilla fue acusado por el presidente de la Federación de Juntas Vecinas (Fejuve) de La Paz, Jesús Vera, por haber adquirido 61 buses Puma Katari para la ciudad, con el presunto sobreprecio de más de 26 millones de bolivianos, por lo cual Revilla es acusado de varios delitos como uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

Cabe señalar que, desde el 29 de enero de 2022, Revilla se declaró en la clandestinidad y actualmente tiene activado el Sello Azul de la Interpol por lo que es buscado en 195 países.

Por su parte, Jesús Vera, el demandante, fue condenado a tres años de cárcel por el destrozo de seis buses Puma Katari en el patio de la zona de Villa Salomé durante los conflictos del año 2019. Vera fue sentenciado por los delitos de, instigación pública a delinquir y destrucción de bienes del Estado.