Juan Carlos Huarachi tenía una pensión por invalidez que ascendía a 24.000 bolivianos. Foto: TikTok Capturas video.
Tras la aprehensión del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, la diputada por Alianza Libre, Lissa Claros, tildó la gestión de ser la "más corrupta" de todos los tiempos. ¿Por qué? Esto es lo que se reveló en la investigación.
“Creo que las investigaciones que se llevan adelante deberían ampliarse a todo el Comité Ejecutivo de la COB, no debemos olvidar que esta instancia se constituyó en una oficina de avales políticos a cambio de coimas para someter a profesionales”, denunció Claros.
Claros argumenta que el Comité Ejecutivo completo bajo Huarachi fue cómplice de irregularidades generalizadas, no denunció actos de corrupción en otras instituciones y priorizó intereses personales sobre la defensa de los trabajadores.
Por esta razón, Claro ha exigido una investigación multidisciplinaria de los hechos suscitados tras la aprehensión de Huarachi.
¿Cuáles fueron las acusaciones?
Según la investigación en contra de Huarachi, el líder sindical habría recibido 40.000 bolivianos (el equivalente a U$ 6.000 dólares) como coimas para influir en la adjudicación de contratos durante la gestión de Santos Cruz. Este pago se vincula a su rol como líder de la COB, donde usaba su influencia sindical para presionar a favor de intereses del Movimiento al Socialismo (MÁS).
Durante su liderazgo en la COB, Huarachi habría exigido pagos para avalar designaciones políticas o profesionales, convirtiendo el sindicato en un "centro de extorsión".
“Tenemos el serio riesgo de que huyan del país, por lo que es necesario poner a buen recaudo los bienes de estas personas para poder garantizar que el Estado boliviano pueda recuperar todo lo que se ha desfalcado”, puntualizó Claros ante la posibilidad de fuga del resto de los implicados.
El líder sindical también fue señalado de incremento patrimonial injustificado, donde las autoridades incluyen 13 casas y 17 vehículos, incompatibles con sus ingresos declarados, salario sindical y una pensión de invalidez irregular de unos 24.000 bolivianos mensuales, cobrada simultáneamente con su sueldo como dirigente.
Ante ese panorama judicial, la Fiscalía emitió imputación formal contra Huarachi solicitando privativa de libertad por los delitos de enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias y concusión. La pena asciende a seis meses de cárcel.
Huarachi, en su declaración ante la Fiscalía, atribuyó su patrimonio al "trabajo desde la infancia" y negó cualquier irregularidad atribuida a la corrupción, pero la pesquisa se centra en su período al frente de la COB (2018-2025).
